Las principales asociaciones judiciales y fiscales de España han solicitado formalmente la retirada del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, al considerar que su contenido supone una amenaza directa a la independencia judicial, incrementa el riesgo de politización y degrada el Estado de Derecho.
En un comunicado conjunto, los representantes del sector denuncian que dichas reformas no responden a demandas sociales reales ni solucionan los verdaderos problemas estructurales de la Justicia, como la sobrecarga de trabajo o la insuficiencia de recursos humanos. Por el contrario, profundizan en el control político de las carreras judicial y fiscal, según han explicado.
Riesgos de politización y pérdida de garantías
Las asociaciones alertan de que el anteproyecto que reforma el Estatuto del Ministerio Fiscal, diseñado para preparar la futura atribución de la instrucción penal a los fiscales, aumenta el poder del Fiscal General del Estado sin prever “contrapesos internos ni garantías reales” que protejan a los fiscales frente a injerencias del poder ejecutivo. De este modo, según denuncian, se da un paso atrás en la autonomía funcional del Ministerio Fiscal.
En cuanto al proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los firmantes subrayan que debilita la separación de poderes y altera los equilibrios institucionales básicos para una justicia independiente y eficaz.
Acciones previstas: activación europea y protestas
Ante esta situación, las asociaciones han acordado una serie de acciones concretas:
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Remisión de informes jurídicos al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa, activando mecanismos de control como GRECO y la Comisión de Venecia, para denunciar que las reformas vulneran los principios de independencia judicial y separación de poderes.
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Solicitud de reuniones urgentes con todos los grupos parlamentarios, así como con entidades profesionales como el Consejo General de la Abogacía Española, el de Procuradores, y la Asociación de Abogados del Estado, entre otros, para trasladarles los efectos negativos de estos cambios legislativos.
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Impugnación judicial del proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos, si este sigue adelante en sus términos actuales, por considerarlo inadecuado y perjudicial para la calidad del servicio.
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Convocatoria de un paro simbólico de diez minutos el 11 de junio, a las 12:00 horas, frente a las sedes judiciales, para expresar públicamente su malestar y advertir del deterioro institucional que suponen las reformas.
Llamamiento al diálogo, sin renunciar al conflicto
Pese a la firmeza de sus denuncias, las asociaciones judiciales y fiscales han reiterado su voluntad de diálogo con el Ministerio de Justicia y los grupos parlamentarios, pero han advertido que no renunciarán a nuevas medidas de presión colectiva si el Ejecutivo no reconsidera su postura.
También han exigido el cumplimiento de los acuerdos de 23 de mayo de 2023, mediante la ampliación urgente de convocatorias de plazas en los turnos libre y cuarto turno, como paso imprescindible para reducir la sobrecarga de trabajo, cubrir las jubilaciones crecientes y mejorar la calidad del servicio público de justicia.
El comunicado concluye con un llamamiento a la responsabilidad institucional, recordando que el prestigio de la justicia y la confianza ciudadana dependen de la garantía efectiva de su independencia.
