La instalación de una chimenea en la cubierta del Tanatorio de la M-40 ha desatado una nueva ola de inquietud entre los vecinos de Usera y Villaverde, que ven en esta actuación un claro indicio de que la empresa funeraria Parcesa continúa adelante con su proyecto de construcción de un horno crematorio, a pesar de que la concesión de la licencia municipal aún se encuentra pendiente de resolución judicial.
El caso está actualmente en manos del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 32 de Madrid, a raíz del recurso interpuesto por las asociaciones vecinales de ambos distritos y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). Sin embargo, las obras no se han detenido, y la reciente colocación de la chimenea ha sido interpretada por los colectivos como un paso más hacia una posible apertura durante el verano.
Las asociaciones temen que el Ayuntamiento de Madrid aproveche el periodo estival para otorgar la licencia de actividad definitiva, lo que permitiría a Parcesa comenzar a operar el crematorio en plena temporada de vacaciones, cuando la capacidad de reacción vecinal es más limitada. Ante esta posibilidad, los vecinos preparan nuevas movilizaciones, acciones de denuncia ante el Parlamento Europeo, y han reactivado una campaña en Change.org en la que más de 1.200 personas ya han firmado un compromiso simbólico de no utilizar los servicios de la empresa funeraria.
La petición, bajo el lema “Si a Parcesa no le importa mi salud, tampoco se aprovechará de mi muerte”, representa un gesto de protesta pacífica y rotundo. Los firmantes expresan su rechazo a ser trasladados a instalaciones de Parcesa y aseguran que intentarán evitar también que sus allegados las utilicen.
Esta es la cuarta vez que Parcesa intenta construir un crematorio en el Tanatorio de la M-40, según denuncian los colectivos ciudadanos. En esta ocasión, la polémica se agrava debido a la proximidad del horno a centros educativos, espacios comerciales y de ocio, viviendas y parques, todos ellos a menos de 250 metros del futuro foco de emisiones contaminantes.
Los barrios de San Fermín (Usera) y El Espinillo (Villaverde) serían los más afectados. Los vecinos alertan de los posibles impactos en la salud pública debido a las emisiones derivadas de la incineración de cadáveres, que incluirían sustancias peligrosas como mercurio, dioxinas, furanos, óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre, monóxido de carbono, partículas PM10 y PM2.5, plomo, cromo y cadmio.
Parcesa ya ha visto rechazadas licencias similares en otros municipios madrileños como San Sebastián de los Reyes y Pozuelo, donde las ubicaciones estaban mucho más alejadas de zonas residenciales. Sin embargo, denuncian los colectivos vecinales, en el sur de la capital, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han mostrado una actitud permisiva, obviando los informes medioambientales y el impacto sanitario.
En 2024, las asociaciones entregaron más de 16.000 firmas en papel en el Ayuntamiento de Madrid contra el proyecto. A pesar de esta contundente oposición ciudadana, la empresa ha seguido adelante con los preparativos, lo que para los vecinos representa una grave vulneración de su derecho a la salud y al medio ambiente.
Los colectivos vecinales hacen un llamado urgente a la sociedad civil, a las instituciones autonómicas y europeas, y a los medios de comunicación, para visibilizar lo que consideran un atropello y una muestra de desigualdad territorial. En sus palabras, “lo que no se permite en el norte de Madrid, sí se consiente en el sur”. Por ello, anuncian que continuarán luchando hasta frenar el crematorio.
