Las inspecciones, centradas en explotaciones agrícolas y entornos rurales, han permitido identificar pozos, balsas y sistemas de captación no autorizados que operaban al margen de la normativa vigente. En el caso de la Comunidad de Madrid, las actuaciones se han focalizado en áreas donde la presión sobre los acuíferos y cauces es especialmente sensible.
Según las investigaciones, muchas de estas infraestructuras carecían de concesión administrativa o superaban los límites de extracción permitidos, lo que puede afectar al equilibrio de los ecosistemas y a la disponibilidad de agua para usos legales y abastecimiento.
Los operativos se han desarrollado en coordinación con las confederaciones hidrográficas y autoridades competentes en materia de agua, combinando inspecciones sobre el terreno con análisis técnicos y cartográficos para detectar captaciones irregulares.
Las diligencias abiertas contemplan la tramitación de expedientes sancionadores y la posible clausura o regularización de las instalaciones detectadas. Las autoridades subrayan que la extracción ilegal de agua no solo supone una infracción administrativa, sino que puede comprometer la planificación hídrica y la sostenibilidad del recurso, especialmente en contextos de sequía.
