Ayuso denuncia la “imposición” del Gobierno en el reparto de menores migrantes y critica la falta de medios y diálogo
La presidenta madrileña denuncia la “amenaza” del Ejecutivo de Sánchez y recuerda que la Comunidad cumplirá la ley, aunque insiste en que el reparto carece de medios y consenso
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cargó este jueves contra el Gobierno central por lo que calificó de “amenaza de imponer por la fuerza” el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. Según Ayuso, el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende ejecutar este plan “sin procedimiento, sin diálogo y sin proveer los recursos necesarios” que, a su juicio, deberían acompañar la medida.
Las declaraciones de la dirigente madrileña se produjeron tras las palabras del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quien aseguró que el Gobierno velará por que el reparto se cumpla “sin excepción”.
Nuevo recurso ante el Supremo
La polémica se enmarca en la decisión de la Comunidad de Madrid de presentar un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo contra el decreto del Ejecutivo que fija la capacidad de acogida de cada autonomía. Ayuso recalcó que el Gobierno regional cumplirá con la ley, pero denunció que Sánchez recurre a la “imposición” como método de actuación.
Críticas a la gestión del Ejecutivo central
La presidenta madrileña no limitó sus críticas a la cuestión migratoria y amplió su discurso contra la gestión general del Ejecutivo socialista. “Todo ello por parte del mismo Gobierno que expulsa a la Guardia Civil de regiones enteras, permite que los independentistas incumplan las sentencias, indulta a golpistas y malversadores, acerca a etarras y permite que los homenajeen, pone en la calle a violadores y no tiene política migratoria”, afirmó.
Ayuso subrayó que el Ejecutivo central “está incumpliendo su obligación de dotar de medios” a las comunidades autónomas para que puedan atender adecuadamente a los menores. En su opinión, el reparto se está utilizando como un “instrumento de presión política” en lugar de ser abordado con una estrategia seria y coordinada.
Contexto del conflicto
El Gobierno central insiste en que el decreto responde a la necesidad de garantizar el reparto equitativo de menores entre las autonomías, en línea con los principios de solidaridad y cohesión territorial. En el caso de Madrid, la capacidad teórica se sitúa en torno a 2.325 plazas, lo que supondría acoger a más de 600 menores.
Mientras tanto, el enfrentamiento político entre el Ejecutivo central y la Comunidad de Madrid continúa escalando, con la crisis migratoria convertida en un nuevo foco de tensión institucional.