El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido una sentencia que anula el plan especial aprobado en octubre de 2023 por el Ayuntamiento de Madrid para la parcela ubicada en la Avenida del Mediterráneo número 3. La decisión del tribunal da la razón al recurso interpuesto por el Grupo Municipal Socialista y supone un revés judicial para el área de Urbanismo del consistorio.
"Una victoria contra las chapuzas del PP"
Antonio Giraldo, portavoz del Grupo Municipal Socialista, ha celebrado la sentencia, calificándola como una "victoria judicial contra las chapuzas marca Carabante". Según Giraldo, el plan especial aprobado en 2023 estaba diseñado a medida para beneficiar intereses privados, concretamente los de un hospital que pretendía realizar una ampliación "a todas luces ilegal".
Giraldo afirmó que la única forma legal de realizar dicha ampliación era a través de las cesiones contempladas por la normativa, ya fuera en forma de metros cuadrados o compensaciones económicas al Ayuntamiento. "Advertimos en el pleno que este plan no cumplía la ley. Se lo dijimos al delegado de Urbanismo, Borja Carabante, y decidieron seguir adelante. Ahora el TSJM les da el varapalo que se merecen", añadió.
Impacto económico y posibles recursos
Además de la anulación del plan, el Ayuntamiento de Madrid deberá asumir el pago de 2.000 euros en costas. Giraldo advirtió contra la posibilidad de recurrir la sentencia, calificándolo como un gesto innecesario que podría derivar en más costes para las arcas municipales. "Espero que no tengan la mala idea de recurrir porque no van a ganar jamás, y encima nos condenarían a pagar más. Es una vergüenza cómo funciona este Ayuntamiento", subrayó.
Contexto del caso
El plan especial para la Avenida del Mediterráneo número 3 fue aprobado en el pleno municipal de octubre de 2023, a pesar de las críticas de la oposición, que consideró la medida como un "chanchullo" para favorecer intereses particulares. Según el Grupo Socialista, la aprobación del plan habría eludido los procedimientos legales establecidos, vulnerando la normativa urbanística.
Implicaciones políticas
Esta sentencia supone un golpe para la gestión del delegado de Urbanismo, Borja Carabante, y el equipo de gobierno municipal liderado por el Partido Popular. El fallo refuerza las críticas de la oposición sobre la falta de transparencia y las irregularidades en las decisiones urbanísticas del Ayuntamiento.
El Grupo Municipal Socialista ha reiterado su compromiso de seguir vigilando la legalidad de las actuaciones del consistorio y de defender los intereses de los ciudadanos de Madrid en todos los ámbitos.
