Santos Cerdán, exdiputado socialista y hasta hace una semana secretario de Organización del PSOE, ha solicitado este viernes en el Congreso de los Diputados la indemnización que le corresponde por cese de actividad parlamentaria, un trámite que ha formalizado tras renunciar a su escaño en plena investigación judicial del ‘caso Koldo’, en el que figura como uno de los principales señalados.
Cerdán se presentó presencialmente en el registro de la Cámara Baja entre las 9:45 y las 10:45 horas, donde reclamó la indemnización de 19.417 euros brutos, cantidad que corresponde a seis mensualidades de la asignación constitucional básica de un diputado raso, fijada actualmente en 3.236,32 euros brutos mensuales.
La solicitud, adelantada por La Sexta, se produce justo una semana después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo señalara en su último informe judicial como partícipe en una presunta red de adjudicaciones irregulares desde el Ministerio de Transportes, durante la etapa de José Luis Ábalos al frente de la cartera.
Prestación contemplada en el reglamento
La indemnización por cese está recogida en el régimen de protección social del Congreso, y concede a los diputados una mensualidad por cada año de mandato parlamentario, con un límite de 24 mensualidades. En el caso de Cerdán, que fue elegido por primera vez el 21 de mayo de 2019, le corresponden seis meses al haber completado ese mismo número de años como parlamentario.
La decisión de solicitar esta prestación ha generado malestar interno en el PSOE, según fuentes del partido, dado que se produce en un contexto especialmente delicado: la entrada de la Guardia Civil este viernes en la sede de Ferraz para clonar sus correos electrónicos, dentro de la investigación ordenada por el Tribunal Supremo.
Contexto judicial y político
Cerdán anunció su renuncia al escaño y al cargo orgánico tras hacerse público el contenido del informe de la UCO que lo vincula a posibles delitos de corrupción y malversación relacionados con la adjudicación de contratos públicos. El documento apunta que habría actuado en connivencia con Ábalos y su exasesor Koldo García, facilitando procesos adjudicatarios con indicios de mordidas.
Mientras tanto, Moncloa intenta contener la crisis interna, reiterando que Pedro Sánchez no dimitirá y que no habrá adelanto electoral, pese a la presión creciente de la oposición y los malos datos de percepción pública, reflejados en recientes encuestas.
Un trámite legal, pero polémico
Desde el Congreso recuerdan que esta prestación es un derecho reconocido por el reglamento a cualquier diputado que cese en su cargo. No obstante, la situación de Cerdán, inmerso en una investigación judicial por corrupción, ha encendido las críticas. Varias voces del arco parlamentario cuestionan la oportunidad ética del cobro, dado el contexto en el que se produce.
La solicitud de esta indemnización podría ser aprobada por la Mesa del Congreso en los próximos días, salvo que se produzca una modificación del criterio por parte del órgano rector de la Cámara, algo que por el momento no está previsto.
