La investigación judicial del conocido como “caso Koldo” ha dado un nuevo giro político tras conocerse que el Tribunal Supremo ha ofrecido a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, declarar voluntariamente el próximo 25 de junio, al hallar “consistentes indicios” de su implicación en una presunta trama de adjudicaciones irregulares de obras públicas a cambio de comisiones.
Según un informe remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado 5 de junio, una grabación captada en el marco de la investigación recoge una conversación entre Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, en la que presuntamente hablan sobre una deuda superior a 400.000 euros que varias constructoras tendrían con ellos, supuestamente en relación con adjudicaciones de contratos públicos de carreteras.
Una cita judicial clave y tensión política creciente
El juez instructor, Leopoldo Puente, considera que los hechos descritos podrían constituir delitos de cohecho e integración en organización criminal, y ha ofrecido al dirigente socialista comparecer asistido de abogado antes de decidir si solicita al Congreso el correspondiente suplicatorio, al tratarse de un diputado aforado.
En paralelo, el magistrado ha citado también a declarar a José Luis Ábalos y Koldo García el próximo 24 de junio, al considerar que el informe de la UCO revela nuevos indicios delictivos que salpican a ambos y podrían abrir una nueva fase en la instrucción.
El PSOE pide prudencia y defiende a su número tres
Ante la presión mediática y política, el PSOE ha cerrado filas en torno a Santos Cerdán. A través de un comunicado emitido anoche, la formación ha afirmado que “jamás ha cobrado comisiones” ni ha influido en adjudicaciones de obra pública, y ha reiterado que cuando se conozca el contenido completo del informe, Cerdán dará todas las explicaciones necesarias en rueda de prensa.
El propio Cerdán, a su llegada al Congreso, ha asegurado estar “completamente seguro” de que no se le puede implicar en ningún amaño de contratos y ha negado haber participado en ninguna conversación con ese contenido. “Cuando conozcamos el informe, convocaré a los medios y daré las explicaciones”, ha declarado.
El PP exige dimisiones y elecciones; Sumar pide claridad inmediata
La respuesta de la oposición ha sido inmediata. El Partido Popular ha reclamado la dimisión de Cerdán y la comparecencia urgente del presidente Pedro Sánchez, a quien responsabiliza directamente por los presuntos casos de corrupción que afectan a su entorno político. Desde Génova han reiterado: “Explicaciones, dimisiones y elecciones”.
Por su parte, Sumar ha expresado su preocupación por la gravedad de las informaciones y ha instado a sus socios del Gobierno a ofrecer explicaciones “ipso facto”. La portavoz parlamentaria de la formación, Verónica Martínez Barbero, ha advertido que la transparencia es “imprescindible” para no dañar la credibilidad del bloque progresista.
Una causa judicial en expansión
El caso, inicialmente centrado en los contratos de emergencia durante la pandemia en los que se habría beneficiado el entorno de Koldo García, continúa ampliando sus ramificaciones. Esta semana, la UCO ha registrado la vivienda de Ábalos en Valencia y cuatro empresas en distintas provincias, vinculadas a la presunta trama.
El informe de la Guardia Civil apunta a la posible existencia de una estructura organizada dedicada a amañar contratos públicos, lo que ha llevado al juez a levantar parcialmente el secreto de la causa y a abrir la puerta a nuevas imputaciones si se confirman los indicios hallados.
En medio de este clima de máxima tensión política y judicial, la declaración de Santos Cerdán ante el Supremo se perfila como un momento clave para esclarecer su papel y para valorar el impacto que este escándalo podría tener tanto en el Gobierno como en el PSOE.
