El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado una moción instando al Gobierno a modificar el Real Decreto 901/2020, que regula los planes de igualdad en las empresas, por considerar que presenta deficiencias técnicas graves que están provocando “un bloqueo real” en miles de compañías que intentan cumplir con sus obligaciones legales.
La moción fue defendida por la senadora Margarita Mayo, quien destacó que muchas empresas, especialmente las que carecen de representación legal de los trabajadores, se enfrentan a una situación de limbo normativo. Según la senadora, la legislación vigente no contempla mecanismos alternativos cuando no se logra constituir una comisión negociadora con los sindicatos en el plazo de tres meses estipulado. Esta ausencia de alternativas impide la aprobación, registro y puesta en marcha de los planes de igualdad, generando inseguridad jurídica tanto para las empresas como para las plantillas.
“Se está penalizando a empresas que quieren cumplir la ley, pero se ven impedidas por factores externos como la falta de respuesta sindical. No pueden registrar sus planes, no pueden desplegar sus medidas y quedan expuestas a sanciones injustas”, denunció Mayo.
Además, criticó que el servicio de asesoramiento del Ministerio de Igualdad no está cumpliendo con su finalidad y se limita a proporcionar información normativa sin adaptarse a los casos concretos. “No se trata de pedir un menor cumplimiento legal, sino de que este sea posible y efectivo”, subrayó.
Una normativa mal diseñada que genera desigualdad territorial
Mayo advirtió también sobre la desigualdad territorial que se está generando en la aplicación de esta norma. En algunas comunidades autónomas se han habilitado soluciones reglamentarias para sortear los bloqueos, mientras que en otras no, lo que —dijo— provoca situaciones de inequidad entre empresas sometidas teóricamente al mismo marco regulador.
Además, recordó que el registro estatal de planes de igualdad (REGCON) también está saturado, lo que contribuye al colapso del sistema y a la inseguridad jurídica de muchas empresas. “Algunas han tenido incluso que acudir a la vía contencioso-administrativa para poder avanzar”, señaló.
Propuestas del Grupo Popular: desbloqueo normativo y reconocimiento a la buena fe empresarial
La moción del PP propone introducir mecanismos similares a los ya contemplados en la normativa LGTBI de 2024 —que permite continuar con la adopción de medidas en caso de falta de respuesta sindical—, y aplicar ese mismo enfoque a los planes de igualdad.
“Pedimos que se incorpore un precepto que permita a las empresas actuar en ausencia de respuesta sindical, dejando constancia documental de su buena fe. No es justo que estén expuestas a sanciones sin haber hecho nada incorrecto”, defendió.
Además, exigió que se establezca una prórroga automática de los planes de igualdad ya vencidos, en tanto no se haya logrado registrar una nueva versión, para evitar vacíos legales.
Críticas al Gobierno y apelaciones a la coherencia legislativa
La senadora criticó lo que considera una doble vara de medir del Ejecutivo en materia de igualdad, comparando la técnica legislativa “más efectiva y flexible” del reciente real decreto sobre políticas LGTBI frente al “bloqueo reglamentario” en los planes de igualdad. “¿Qué votaría la izquierda si pidiéramos que las medidas eficaces del decreto LGTBI se adaptaran también a los planes de igualdad? ¿También votarían en contra?”, cuestionó.
Asimismo, afeó la ausencia durante meses de Aina Calvo, exsecretaria de Estado de Igualdad, de la Comisión en el Senado, pese a haberse solicitado su comparecencia desde octubre de 2024. “Ya no comparecerá, ha sido nombrada número dos del Ministerio del Interior”, concluyó.
Reacción de la oposición
La intervención de Mayo se produjo en un clima de rechazo anticipado por parte de los grupos de izquierda, que ya habían anunciado su voto en contra de la moción. La senadora lamentó lo que considera una actitud ideologizada por parte del Gobierno y sus socios parlamentarios, más centrados —según ella— en redactar exposiciones de motivos cargadas de conceptos teóricos que en ofrecer soluciones eficaces a los problemas reales del tejido empresarial.
“Aquí no se pide reducir derechos, sino hacer que se cumplan de verdad. Y si no lo hacen por las empresas, háganlo al menos por las trabajadoras, que también están siendo perjudicadas por esta parálisis normativa”, concluyó.
