La Delegación del Gobierno de España en Madrid ha acusado al Ejecutivo de la Comunidad de Madrid de actuar con “hipocresía e inhumanidad” al utilizar la situación de menores tutelados como instrumento de confrontación política.
El organismo estatal ha defendido que cualquier procedimiento relacionado con la posible reunificación o retorno de menores debe desarrollarse con pleno respeto a las garantías legales y priorizando el interés superior del menor.
La respuesta llega después de las críticas y advertencias lanzadas desde el Gobierno regional en relación con distintos expedientes pendientes vinculados a menores extranjeros no acompañados.
La Delegación defiende el cumplimiento de las garantías legales
En su comunicado, la Delegación del Gobierno subraya que estos procedimientos requieren informes y actuaciones previas de distintos organismos y representaciones diplomáticas de los países de origen de los menores.
Según explica, sin esa documentación “no puede adoptarse una decisión con las garantías que exige la ley”.
Por ello, considera “profundamente grave” presentar esta situación como una supuesta inacción administrativa cuando, sostiene, se trata del cumplimiento estricto de la normativa de protección de la infancia.
La institución insiste en que no utilizará la protección de menores “como instrumento de confrontación institucional”.
Recuerdo de las competencias autonómicas
La Delegación del Gobierno también recuerda que la Comunidad de Madrid es la administración competente en materia de protección y tutela de los menores que se encuentran bajo su guarda.
En este sentido, reclama al Ejecutivo autonómico que ejerza sus responsabilidades “con humanidad y sentido común”, especialmente en lo relativo a la atención e integración de estos menores.
El comunicado recalca que cualquier actuación que afecte a niños, niñas y adolescentes debe realizarse desde el respeto a la ley y alejándose de estrategias partidistas o amenazas judiciales.
Defensa del interés superior del menor
La Delegación del Gobierno concluye reafirmando su compromiso con la “lealtad institucional”, el “rigor jurídico” y el respeto al interés superior del menor como principio prioritario en cualquier decisión.
“Son niños, niñas y adolescentes bajo protección y cualquier decisión que les afecte se tomará con garantías y respeto a la ley”, señala el texto.
El organismo estatal sostiene además que el interés de los menores debe prevalecer “por encima de cualquier estrategia partidista”.
