El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha respondido este viernes a las acusaciones vertidas sobre el PSOE tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha vinculado a Santos Cerdán, ya ex secretario de Organización del partido, con un presunto cobro de comisiones ilegales en adjudicaciones públicas.
“Fue un día triste para el Partido Socialista”, ha admitido Bolaños al referirse al impacto del informe, que derivó en la dimisión de Cerdán tanto de sus responsabilidades en el partido como de su acta de diputado. El ministro ha dicho comprender y compartir la indignación de los ciudadanos, pero ha querido destacar que “el PSOE no tapa la corrupción, la extirpa cuando hay el más mínimo indicio”.
En sus declaraciones, el ministro ha querido marcar distancia entre el caso y el funcionamiento económico del partido. Ha subrayado que no hay indicios de financiación ilegal del PSOE en el informe, y ha aclarado que la expresión “el impuesto” que aparece en una conversación del exasesor Koldo García con un cargo socialista, hace referencia a la cuota voluntaria que aportan los cargos públicos al partido, una práctica habitual, según Bolaños, y conocida dentro del PSOE con ese término coloquial.
Asimismo, el ministro ha recordado que las cuentas del partido han sido auditadas y validadas sin tacha por el Tribunal de Cuentas, y ha anunciado que el partido solicitará una auditoría externa independiente, tal como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para despejar cualquier duda sobre la gestión financiera interna.
Bolaños ha insistido en que el PSOE mantendrá una actitud de tolerancia cero con la corrupción, subrayando que la actuación tras conocerse el informe de la UCO ha sido inmediata y contundente. “Vamos a seguir actuando con la misma firmeza y transparencia”, ha afirmado.
Las declaraciones del ministro se producen en un clima de creciente presión política y mediática sobre el Gobierno, tras varios escándalos que han salpicado al entorno del PSOE. La oposición ha intensificado sus críticas, acusando al Ejecutivo de falta de control interno y exigiendo explicaciones públicas más claras.
Pese a ello, desde el Gobierno se insiste en que la gestión del caso demuestra un compromiso inequívoco con la ética pública, y que el partido actuará con contundencia ante cualquier irregularidad. La auditoría anunciada se presenta como una medida adicional de transparencia con la que el PSOE pretende recuperar la confianza pública.
