El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este miércoles en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Senado su estrategia para hacer frente a la crisis habitacional, basada en reducir la burocracia, desbloquear suelo y aumentar la oferta de vivienda pública, en abierta contraposición al modelo regulador del Gobierno central y al defendido por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Durante su intervención, Almeida ha responsabilizado directamente al Ejecutivo de la evolución de los precios del alquiler desde 2019, asegurando que han pasado de crecer un 1 % a hacerlo en torno al 8 % anual. A su juicio, los topes al alquiler y la Ley estatal de Vivienda han tenido efectos “nefastos”, hasta el punto de que, según sus datos, un 45 % de las viviendas habrían salido del mercado del arrendamiento desde su aprobación.
El alcalde madrileño solo ha valorado de forma positiva una de las últimas medidas del Gobierno, la bonificación fiscal para los propietarios que no suban el precio del alquiler al renovar contratos. “Mejorar la fiscalidad de los arrendadores puede permitir aumentar la oferta”, ha afirmado, aunque ha criticado el resto de anuncios al considerar que buscan “corregir errores” de la propia Ley de Vivienda, especialmente en lo relativo a los alquileres de temporada.
Más suelo, menos trámites y 80.000 viviendas en desarrollo
Almeida ha estructurado su intervención en torno a tres ejes: simplificación administrativa, gestión del suelo y promoción de vivienda pública a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. En este sentido, ha destacado que el Ayuntamiento ha aprobado en esta legislatura 95 instrumentos urbanísticos que permitirán construir más de 80.000 viviendas y ha asegurado que Madrid está en condiciones de conceder hasta 60.000 licencias de obra de forma inmediata.
También ha ensalzado el Plan Reside, que permite transformar edificios de uso terciario en residenciales para generar alquiler asequible en el centro, y ha subrayado que esta fórmula ya se está aplicando para levantar unas 3.000 viviendas. Además, ha puesto en valor la posibilidad de simultanear la urbanización y la edificación, un modelo por el que se ha interesado el propio Gobierno.
En cuanto a la vivienda pública, ha recordado que el Consistorio aspira a alcanzar un parque de 10.000 viviendas municipales antes de finalizar la legislatura, con una inversión superior a 1.000 millones de euros, frente a los 19 millones que, según ha reprochado, ha destinado el Ejecutivo central.
Collboni defiende la regulación y la Ley de Vivienda
Tras la intervención de Almeida, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido el modelo opuesto, asegurando que “la Ley de Vivienda funciona” y que en Barcelona ha logrado frenar la escalada de precios. Aunque ha coincidido en la necesidad de aumentar la oferta y agilizar permisos, ha insistido en que, mientras se construyen nuevas viviendas, “la respuesta es la regulación” para contener las subidas.
Collboni ha valorado también la bonificación fiscal a caseros como una medida “en la buena dirección” y ha recordado que la mayoría de propietarios en España son pequeños arrendadores.
