La exedil, cuyo nombre no ha sido difundido públicamente por motivos de privacidad y protección de datos, ha presentado ante los tribunales una querella criminal en la que acusa al alcalde —miembro del Partido Popular— de conductas que, a su juicio, constituyen acoso sexual y laboral durante su desempeño en el Ayuntamiento. El escrito de acusación detalla situaciones que la denunciante considera repetidas y lesivas para su dignidad y su integridad profesional.
Según fuentes cercanas al caso, la querella recoge declaraciones y documentación que la exconcejala pone a disposición del Juzgado de Guardia para que se incoen las diligencias previas oportunas y se investigue la presunta conducta del regidor. El proceso judicial deriva de una denuncia interna planteada con anterioridad por la exedil dentro del propio consistorio, que no habría obtenido una resolución satisfactoria antes de optar por acudir a la vía penal.
El Ayuntamiento de Móstoles ha emitido un escueto comunicado en el que expresa que “respeta y colabora con la actuación judicial”, pero evita manifestarse sobre el fondo de las acusaciones, remitiéndose al principio de presunción de inocencia del alcalde y al respeto al procedimiento. Por su parte, fuentes del entorno del regidor han señalado que niegan categóricamente las acusaciones y defienden su inocencia, subrayando que adoptarán las medidas legales oportunas para proteger su reputación.
La presentación de la querella se produce en un momento en que la cuestión del acoso sexual y laboral en ámbitos institucionales es objeto de atención social y política en España, con un mayor énfasis en la protección de las víctimas y en la necesidad de mecanismos eficaces de prevención y respuesta. Organizaciones de defensa de los derechos laborales han recordado que, además del ámbito penal, existen vías administrativas y de recursos humanos para abordarla, y han llamado a garantizar que cualquier investigación se desarrolle con rigor y respeto a las partes.
El caso será ahora analizado por la autoridad judicial competente, que decidirá si admite la querella a trámite e inicia las diligencias que permitan clarificar los hechos y, en su caso, determinar responsabilidades penales y civiles conforme a la ley.
