La implantación de las balizas V16 conectadas vuelve a situarse en el centro de la polémica. Después de que estos dispositivos se convirtieran en el nuevo sistema de señalización de los vehículos inmovilizados, el debate se desplaza ahora hacia una cuestión esencial: qué debe ocurrir cuando una baliza transmite su ubicación y quién debe comprobar la incidencia en carretera.
Según la información difundida por El Debate y recogida en el material facilitado, la Dirección General de Tráfico recibió el pasado 31 de julio más de 3.100 avisos procedentes de balizas V16 en una sola jornada. Ante este volumen de activaciones, el director general de Tráfico, Pere Navarro, plantearía una instrucción para que la Guardia Civil acuda cuando se produzcan estos avisos.
La posibilidad ha provocado críticas por las dificultades materiales que supondría trasladar esa carga de trabajo a los agentes de Tráfico. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) advierte, según la información aportada, de que existen demarcaciones en las que apenas trabajan dos parejas de servicio y considera imposible responder a miles de activaciones con los recursos disponibles.
El economista José Ramón Riera ha reaccionado con especial dureza ante este escenario y cuestiona que, después de implantar un sistema conectado, pueda terminar siendo necesario movilizar presencialmente a los agentes para comprobar multitud de incidencias.
“¿Se imaginan ustedes en un día 3.100 guardias civiles teniendo que desplazarse por toda la geografía nacional simplemente para ver qué ha pasado?”, plantea Riera.
Más de 3.100 activaciones en una sola jornada
El dato que ha encendido el debate corresponde al 31 de julio, cuando se habrían registrado más de 3.100 avisos de balizas V16 en un solo día.
La cifra plantea una dificultad operativa evidente si cada activación termina requiriendo la intervención de agentes sobre el terreno.
La cuestión adquiere todavía mayor relevancia teniendo en cuenta que una baliza puede activarse por circunstancias muy diferentes. Una avería o un pinchazo pueden dejar un vehículo inmovilizado sin que exista necesariamente una emergencia que requiera asistencia policial inmediata.
Precisamente ahí se encuentra uno de los principales interrogantes que plantea la controversia: si todas las señales deben provocar una respuesta presencial de la Guardia Civil o si debe existir algún mecanismo que permita discriminar previamente las situaciones que realmente necesitan intervención policial.
La AUGC pone el foco en la disponibilidad de efectivos. De acuerdo con la información proporcionada, hay territorios en los que únicamente existen dos parejas patrullando, una realidad que dificultaría enormemente asumir simultáneamente las incidencias ordinarias y un elevado número de avisos procedentes de las V16.
Del aviso conectado a la presencia de una patrulla
La controversia resulta especialmente significativa por el planteamiento inicial asociado al funcionamiento de las balizas.
Según la información facilitada, cuando comenzó la obligatoriedad de la V16 la activación del dispositivo no suponía automáticamente el envío de una patrulla. En una situación de emergencia, el conductor debía contactar además con el 112.
El sistema conectado permite comunicar la ubicación del vehículo inmovilizado. Sin embargo, la posibilidad de que ahora se plantee la intervención de la Guardia Civil ante las activaciones abre un nuevo debate sobre el funcionamiento práctico del modelo.
Riera resume esa contradicción preguntándose cuál es entonces la verdadera función que se pretende dar al dispositivo.
“La baliza, ¿para qué era la baliza?”, cuestiona el economista, quien sostiene que su utilidad debía estar precisamente relacionada con el geoposicionamiento del vehículo para facilitar la actuación cuando existiera una emergencia.
En su intervención insiste en diferenciar entre una incidencia ordinaria y una situación grave: “Cuando hay un tema grave, automáticamente alguien llama al 112 y ahí sí que se pone en marcha el sistema para ver qué es lo que ha pasado”.
La Guardia Civil y el problema de los recursos
El centro de la discusión pasa así de la propia tecnología a los medios humanos necesarios para responder a la información generada por esa tecnología.
Una jornada con más de 3.100 activaciones muestra la dimensión que podría alcanzar el problema si se pretendiera comprobar presencialmente cada aviso.
La AUGC alerta de la dificultad de asumir esta función con las plantillas existentes. Los guardias civiles deben atender simultáneamente las restantes necesidades del servicio, por lo que incorporar miles de potenciales desplazamientos vinculados a las balizas obligaría a disponer de mayores recursos.
Riera incide precisamente en esta cuestión y asegura que la Guardia Civil necesitaría “muchos más hombres, muchos más recursos” para asumir una respuesta generalizada de estas características.
El economista cuestiona además la utilidad de movilizar una patrulla cuando el conductor simplemente haya sufrido una avería y ya haya contactado con su seguro o con el servicio correspondiente para solicitar una grúa.
El debate sobre cómo gestionar miles de señales
La situación deja sobre la mesa una cuestión que va más allá de las propias V16: cómo gestionar operativamente miles de señales generadas por un sistema conectado sin saturar los recursos disponibles.
La tecnología permite conocer la localización de un vehículo que ha quedado inmovilizado, pero la transmisión de esa información no resuelve por sí sola qué respuesta debe producirse posteriormente.
Si cada activación requiere una comprobación física, el volumen registrado el 31 de julio supone un desafío considerable. Si, por el contrario, no todas las activaciones necesitan intervención, será necesario determinar cómo distinguir unas situaciones de otras.
Ese es precisamente uno de los puntos sobre los que gira la crítica expresada por Riera. El economista considera contradictorio que un sistema diseñado alrededor de la conectividad pueda desembocar en la necesidad de enviar agentes para comprobar incidencias que en muchos casos podrían corresponder simplemente a problemas mecánicos.
“Ahora vamos a movilizar 3.100 parejas de la Guardia Civil para que vayan a ver el pinchazo o qué le ha pasado o la avería que ha tenido”, critica.
Riera carga contra la gestión de Pere Navarro
José Ramón Riera dirige buena parte de sus críticas hacia el director general de Tráfico, Pere Navarro, al considerar que la gestión de las consecuencias derivadas de la implantación de las V16 plantea importantes contradicciones.
Más allá del tono especialmente crítico empleado por el economista, el argumento central de su intervención se concentra en la relación entre el volumen de avisos y la capacidad real de respuesta de la Guardia Civil.
La polémica surge precisamente porque una obligación que afecta a millones de conductores genera ahora un flujo de información cuya respuesta práctica vuelve a depender de los recursos humanos disponibles sobre las carreteras.
La cifra de más de 3.100 avisos en una sola jornada permite dimensionar el desafío. Si todas esas señales debieran provocar una actuación presencial, la capacidad de las patrullas se convertiría en una pieza decisiva del funcionamiento del sistema.
La cuestión que queda planteada es, por tanto, cómo compatibilizar las posibilidades de las balizas conectadas con unos recursos policiales limitados y con la necesidad de reservar la intervención inmediata para aquellas situaciones que realmente lo requieran.
Porque, como resume la crítica formulada a partir de estos datos, una baliza puede transmitir automáticamente una ubicación, pero la actuación física sobre la carretera continúa dependiendo de disponer de suficientes agentes para atenderla.
