El programa, autorizado este miércoles por el Consejo de Gobierno, se integra en el Plan General de Cooperación para el Desarrollo 2025/2028 y se articulará mediante convocatorias públicas de subvenciones dirigidas a organizaciones no gubernamentales.
El objetivo es reforzar el compromiso de la región con la cooperación internacional y facilitar que entidades sociales desarrollen proyectos estables y coordinados en países con importantes necesidades estructurales.
Proyectos en América Latina, África y contextos humanitarios
La financiación permitirá impulsar iniciativas en distintos países de Hispanoamérica, entre ellos Honduras, El Salvador, Guatemala, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, así como en varios Estados africanos como Marruecos, Senegal y Níger.
El plan también contempla la posibilidad de actuar en zonas con campos de refugiados o poblaciones desplazadas, además de en territorios afectados por crisis humanitarias o conflictos armados que requieran una respuesta urgente.
Coordinación con administraciones, universidades y entidades sociales
Una de las líneas estratégicas del programa es la coordinación con otras administraciones públicas —entidades locales, comunidades autónomas y la Administración General del Estado—, así como con universidades, organizaciones del tercer sector y entidades privadas.
Este enfoque busca mejorar la eficacia de las intervenciones, evitar duplicidades y reforzar el impacto de los proyectos financiados, alineándolos con las prioridades internacionales en materia de cooperación y desarrollo sostenible.
Educación, salud y desarrollo económico como ejes prioritarios
El Plan de Cooperación para el Desarrollo 2026 tiene como finalidad fortalecer las capacidades de las personas y comunidades beneficiarias, abordando las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad. Para ello, las actuaciones se centrarán en ámbitos clave como la educación, la mejora del acceso y la calidad de los servicios sanitarios, el desarrollo económico local y el fortalecimiento institucional.
Asimismo, el programa permitirá continuar desarrollando iniciativas en seguridad alimentaria, fomento de la innovación y el emprendimiento, defensa de los derechos humanos y promoción de la paz, con especial atención a las consecuencias sociales de los conflictos bélicos.
