El objetivo, según el Gobierno municipal, es lograr un equilibrio entre el disfrute del espacio público, la actividad económica y el derecho al descanso vecinal.
Un marco jurídico renovado para ordenar el espacio público
La nueva ordenanza, que mantiene la estructura de la norma de 2013 e incorpora los cambios introducidos en la modificación de 2022, pretende establecer un régimen jurídico “completo, sistemático y actualizado” para la concesión de futuras licencias y la actividad diaria de las terrazas.
Una de las principales novedades es el refuerzo del régimen sancionador. La normativa agrava penalizaciones por cuestiones como generar ruido al mover el mobiliario, instalar elementos no autorizados o no retirar mesas y sillas al finalizar la jornada. También se tipifican nuevas infracciones graves y muy graves, entre ellas cerrar estructuras ligeras situadas en zonas de tránsito peatonal u obstaculizar el acceso a vehículos de emergencia.
La valoración del entorno urbano será determinante: cada distrito deberá evaluar las condiciones de accesibilidad y convivencia antes de autorizar una terraza, ajustando distancias y requisitos a las características de cada espacio.
Inma Sanz defiende un texto “equilibrado, sensato y eficaz”
La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, defendió durante el Pleno que la ordenanza “no trata de elegir, sino de equilibrar”, y aseguró que aportará “seguridad jurídica” y reglas claras tanto para la hostelería como para los residentes.
Sanz destacó los ajustes introducidos para “proteger paradas de transporte público, ascensores a pie de calle y árboles cuando haya instalación de estufas”, así como la subida de sanciones para casos de incumplimiento recurrente.
Críticas vecinales y oposición municipal
La aprobación del texto ha llegado acompañada de protestas por parte de asociaciones vecinales y críticas de la oposición.
Desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), su presidente Jorge Nacarino lamentó que la ordenanza “entrega la ciudad a los hosteleros” y denunció la ausencia de diálogo durante su elaboración. La asociación echa en falta órganos de participación como un “consejo de terrazas” y advierte de posibles vulneraciones en materia de accesibilidad, por lo que no descarta acudir al Defensor del Pueblo o a instancias europeas.
La oposición municipal también mostró su rechazo.
– La concejala socialista Enma López calificó la norma de “parche hecho con prisas” y pidió consejos distritales de terrazas para reforzar la participación vecinal.
– Nacho Murgui (Más Madrid) alertó de que la ordenanza “convierte los barrios en parques temáticos turísticos” e insistió en limitar horarios nocturnos.
– Desde Vox, Javier Ortega Smith justificó la abstención de su grupo por considerar que el texto “no garantiza plenamente la conciliación entre negocio y descanso”, pese a reconocer la necesidad de regular el sector.
Un debate abierto que continuará en los distritos
La entrada en vigor de la ordenanza en enero de 2026 marca el inicio de una nueva etapa en la gestión de terrazas en Madrid. Ahora serán los distritos quienes deban evaluar caso por caso las solicitudes y fijar criterios específicos para cada zona.
Mientras la hostelería observa con atención el desarrollo del reglamento, las asociaciones vecinales reclaman mayor participación y medidas más estrictas para garantizar el descanso. El debate, por tanto, se trasladará a los barrios, donde residirá la aplicación práctica de la nueva normativa.
