El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado una inversión de 4,9 millones de euros para asegurar la gestión controlada de los residuos de construcción y demolición durante 2026, una actuación que tendrá un plazo de ejecución de 11 meses y que supone un incremento del 30 % respecto al contrato anterior.
El objetivo de esta inversión es garantizar el funcionamiento de los complejos y centros públicos de clasificación y tratamiento situados en Navalcarnero, El Molar y Arganda del Rey, infraestructuras clave para prevenir vertidos incontrolados y reducir los riesgos para la salud pública y el medio ambiente.
Más capacidad para tratar residuos y recuperar materiales
El nuevo encargo permitirá reforzar la recepción y tratamiento de los desechos procedentes de obras y demoliciones. Los trabajos incluirán:
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Clasificación y separación de materiales aprovechables.
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Triturado y cribado de los residuos valorizables.
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Mantenimiento de equipos e instalaciones.
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Vigilancia ambiental y de seguridad.
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Cumplimiento de todas las autorizaciones ambientales vigentes.
Además, el Ejecutivo regional se ha fijado como meta optimizar los procesos de valorización para lograr que más del 70 % de los residuos tratados puedan recuperarse y reutilizarse como áridos reciclados.
Más controles y nuevas mediciones topográficas
Entre las principales novedades del contrato destaca el refuerzo de los controles ambientales y la incorporación de mediciones topográficas, que permitirán realizar un seguimiento más preciso de los volúmenes gestionados en cada una de las instalaciones.
También se garantizará el mantenimiento del marcado CE de los áridos reciclados, requisito indispensable para su utilización posterior en obras públicas y privadas, reforzando así la economía circular en el sector de la construcción.
Un paso más contra los vertidos ilegales
Desde la Comunidad de Madrid subrayan que este aumento presupuestario es imprescindible para evitar vertidos ilegales, una de las principales amenazas para el entorno natural y la seguridad sanitaria, y para consolidar una red pública capaz de absorber el crecimiento de residuos que se prevé para el próximo ejercicio.
