La Comunidad de Madrid se dispone a dar un giro profundo a su sistema normativo con la aprobación de un decreto pionero que introducirá la fecha de caducidad en determinadas disposiciones y obligará a realizar una revisión periódica de las normas cada cuatro años. La medida responde a un compromiso electoral de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, con el objetivo de avanzar hacia una Administración “más eficaz, segura y orientada al ciudadano”.
El texto, que aprobará el Consejo de Gobierno en las próximas semanas y cuya entrada en vigor está prevista para el primer semestre de 2026, establece la obligación de llevar a cabo al menos una evaluación ex post antes de que se cumplan cuatro años desde la entrada en vigor de cada norma autonómica, salvo que se trate de leyes que fijen otros plazos específicos.
Fecha de caducidad para normas organizativas
Entre los principales cambios destaca que las leyes y decretos de carácter organizativo —los que regulan la estructura interna de la Administración, el funcionamiento de órganos colegiados o la distribución de competencias— perderán automáticamente su vigencia a los cinco años si no se justifica su mantenimiento tras la evaluación correspondiente.
Se trata, por ejemplo, de disposiciones que regulan el funcionamiento de consejos, mesas de diálogo o determinados órganos administrativos que, hasta ahora, podían permanecer vigentes durante décadas sin revisión.
Silencio administrativo positivo como norma general
El decreto también encomienda a la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa que, en el plazo de un año, presente una propuesta para revisar los procedimientos administrativos con un objetivo claro: priorizar el silencio administrativo positivo siempre que no exista resolución expresa en plazo, reforzando así la seguridad jurídica de ciudadanos y empresas.
Este cambio supondrá un giro relevante en la relación de los madrileños con la Administración, al evitar bloqueos y retrasos que hoy obligan a esperar meses sin respuesta a numerosos trámites.
Evaluaciones con participación ciudadana
El nuevo modelo incorpora además un procedimiento de consulta pública previa a cada evaluación, para que ciudadanos y empresas puedan aportar sugerencias sobre la utilidad real de las normas. Estas revisiones concluirán con un informe técnico elaborado por la consejería competente, que determinará si la disposición debe mantenerse, modificarse o dejarse sin efecto.
El Gobierno regional defiende que este sistema permitirá comprobar si las normas cumplen los objetivos para los que fueron creadas o si, por el contrario, han quedado obsoletas o generan cargas innecesarias.
Menos plazos y más agilidad legislativa
El decreto introduce igualmente un procedimiento abreviado para la tramitación de determinadas leyes de carácter sencillo, equivalente a la lectura única en la Asamblea, lo que permitirá reducir de forma significativa los plazos administrativos siempre que se hayan superado todos los controles y consultas obligatorias.
Desde el Ejecutivo madrileño aseguran que este conjunto de medidas busca simplificar y modernizar el marco normativo, eliminar burocracia y reforzar la seguridad jurídica para ciudadanos, autónomos y empresas, además de mejorar el atractivo de la región para la inversión y el talento.
