Yvonne Corcuera (Movimiento #J2 Bizkaia): “La pasarela al RETA no es un privilegio, es un derecho que nos han negado”
El próximo 27 de septiembre, miles de mutualistas alternativos volverán a salir a la calle para exigir una solución justa a un conflicto que afecta a abogados, procuradores y otros profesionales en toda España. Entre sus voces más firmes está la de Yvonne Corcuera López, abogada y representante del Movimiento #J2 en Bizkaia, que subraya que el problema “no es económico, sino de derechos”. En esta entrevista con El Diario de Madrid, Corcuera explica por qué rechazan la actual Proposición de Ley, qué papel han jugado las mutualidades y los partidos políticos, y qué está en juego para los profesionales que, tras décadas de trabajo, se enfrentan a pensiones que en muchos casos no alcanzan los 500 euros.
Esta manifestación está respaldada por todas las plataformas. ¿Cuáles son los puntos que tienen en común con las demás plataformas y en cuales difieren?
En general coincidimos en lo fundamental:
- La necesidad de la Pasarela al RETA como única fórmula para solucionar nuestro problema.
- La inclusión de todos los profesionales en activo, los pasivos sean jubilados o beneficiarios de prestación de un mutualista (viudedad u orfandad), o de prestación por Incapacidad.
- El reconocimiento de los períodos en que se cotizó como mutualista alternativo, cualquiera que hubiera sido el momento de cotización y con independencia de la adscripción a cualquier otro régimen, antes, durante o después.
- Diferimos con alguna asociación en la propuesta de regulación que nosotros defendemos por reconocimientos de derechos, 1x1, y otros condicionan el reconocimiento de derechos a la cuantía del fondo.
- Y en general, en la forma de autorregularse y organizarse como colectivo.
¿Qué puntos de la Proposición de Ley consideran inaceptables y por qué?
Consideramos inaceptable el planteamiento como compra de cotizaciones porque entendemos que hemos estado dentro del sistema y hemos pagado lo que se nos ha dicho. Defendemos una pasarela POR DERECHOS.
Consideramos inaceptable la exclusión de los pasivos porque han contribuido al sistema como profesionales en la medida en que se les ha exigido, y son o fueron igualmente afectados.
Consideramos inaceptables las exclusiones por acotamiento temporal de la condición de mutualista alternativo. Todos estamos igual de afectados por el sistema. Los años de alternatividad deben existir en nuestra vida laboral. TODOS.
Consideramos inaceptable las exclusiones por el hecho de tener derecho a percepción de una pensión pública, del tipo que sea: la pensión deberá contemplar, en su caso conforme a la regulación existente, los años cotizados como mutualistas alternativos.
¿Cuál es la medida mínima que tendría que aprobarse para que se sintieran escuchados?
El reconocimiento de todos los períodos cotizados como profesionales adscritos a la mutualidad en régimen de alternatividad, de todos los profesionales, en todos los momentos y de los pasivos con carácter retroactivo, con los ajustes a que hubiera lugar
¿Tienen estimaciones de cuánto perderán o dejarán de cobrar los mutualistas si la Proposición de Ley se aprueba tal y como está redactada?
Es difícil hacer esas estimaciones. Hablamos de situaciones, tipos de pólizas y mutualidades que recogen escenarios muy diferentes. No es comparable un mutualista de 40 años con un fondo de 50.000 euros que uno de 60 años con un fondo de 100.000 euros que uno de 67 con un fondo de 60.000 euros. Esto dentro de la misma mutualidad. Y hay varias mutualidades.
Los pasivos estarán muy presentes en esta protesta. ¿Qué mensaje concreto tienen para ellos?
Nosotros siempre hemos luchado con ellos y por ellos también. De hecho son sus testimonios los que han dado más fuerza a la lucha y los que han abierto los ojos a muchos compañeros con la realidad que nos espera.
¿A quién hacen directamente responsable de que esta situación se haya enquistado: al Gobierno, a los partidos o a las mutualidades?
No somos partidarios de hacer revisionismo pero en la mayoría de los casos, digamos que hay una concurrencia de todos ellos. Los sucesivos gobiernos que no han supervisado ni vigilado ni cuidado, los partidos de las oposiciones que no se han interesado. Las Mutualidades que eran Entidades de Previsión Social sin ánimo de lucro y han pervertido su pacto fundacional con los mutualistas y han creado un negocio lucrativo en las aseguradoras. Y todo esto en connivencia y con la complicidad de los Colegios Profesionales, que no sólo no han informado a sus colegiados sino que siguen reclutando mutualistas para continuar el negocio.
¿Hay algún partido que esté claramente de su lado? ¿Temen convertirse en una bandera política para unos y un problema para otros?
Claramente, al menos en las reuniones que tenemos con ellos, todos sin excepción entienden el problema y son conscientes de que hay que dar una respuesta digna a los profesionales mutualistas de este país. Ahora bien, hay partidos que priorizan la pervivencia del negocio de las Mutualidades, o incluso el sistema alternativo a la seguridad social por encima del derecho a una pensión digna de los trabajadores Mutualistas alternativos.
Muchos mutualistas aseguran sentirse engañados, pero otros defienden la mutualidad y no quieren pasarse al RETA. ¿Qué tienen de diferente unos y otros para vivir la misma situación de forma tan opuesta?
En muchos casos, quienes defienden la mutualidad no son mutualistas alternativos. Un mutualista es cualquier “cliente” de la mutualidad que tiene un plan de ahorro, o tiene contratado un seguro a través de la mutualidad. Digamos que pertenecen a la línea de negocio de las Mutualidades que nada tiene que ver con la previsión social que es para quienes peleamos.
Otros no se sienten engañados porque forman parte del sistema, decanos, ex decanos y miembros de juntas de gobierno que hace más de 20 años ya sabían de qué iba esta historia y no nos informaron.
Otros, desgraciadamente no creen en el sistema público de pensiones. No creen en las garantías prestacionales que suponen el sistema público. De estos hay en todos los sectores y últimamente se les oye mucho, influencers mediante. No creen en los impuestos ni en las pensiones. Será una cuestión ideológica o económica.
Otros no dependerán de sus pensiones para vivir. Entienden su pensión como una inversión, no como un derecho.
No alcanzan a ver que una gran mayoría de profesionales, mutualistas alternativos, tienen ingresos que en ocasiones no llegan ni al SMI. Estos no pueden hacer planificación financiera a largo plazo. Tienen que vivir ahora, y tienen que tener una prestación digna cuando se jubilen.
Es una cuestión de constitucionalidad, legalidad, igualdad y solidaridad.
Muchos mutualistas dudan de que una manifestación pueda cambiar la ley. ¿Qué les responderían?
Que si en 2023, cuando empezamos la lucha hace ya varias manifestaciones, nos hubieran dicho que en menos de dos años íbamos a tener una Proposición de Ley del PSOE, que no olvidemos que es el partido que preside el gobierno, no lo habríamos creído. Y sólo el pico y pala, la visibilidad del problema en número, ver que somos muchos los afectados, que no es un problema residual sino que va a ir agravándose, es lo que hace que se muevan. Que los ciudadanos comprendan que no nos otorgan un privilegio sino que nos devuelven un derecho que se nos ha negado. El derecho a tener una vida laboral. Eso se consigue en la calle. Con profesionales que vengan de todas las CCAA. Y sus familias también afectadas.
Si el 27 de septiembre no surte efecto, ¿qué pasos darán después?
Seguir luchando por lo que es de justicia con todos los medios a nuestro alcance: en los Tribunales de Justicia, en Europa, en todas las instancias a las que podamos llegar hasta lograr nuestro objetivo porque se trata de nuestros derechos.
¿Qué debería entender cualquier ciudadano que no es mutualista sobre lo que está ocurriendo con sus pensiones?
Que estamos en un sistema, primero obligatorio y después opcional, sistema regulado por la seguridad social, que funcionaba como una seguridad social sectorial, que en un momento se convirtió en un plan de pensiones. En el que algunos tenemos derecho únicamente a un año de baja en toda nuestra vida laboral, que hasta 2012 no teníamos derecho a asistencia sanitaria, que nuestras cotizaciones las gestiona una entidad y nos cobra por ello, que no sabemos lo que hace con nuestro dinero. Que todo eso lo sabe y conoce y debería supervisar el Estado porque lo autoriza y lo regula y es la única pensión que vamos a tener. Y que nos jubilamos, después de 38 años trabajando con pensiones de 200, 400, 500 euros según la profesión, que cobramos en 12 pagas y sin actualizar hasta que nos vayamos de este mundo.