Amalio de Marichalar: “Es radicalmente falso que los informes europeos avalen la amnistía”

Tras la presentación pública de la iniciativa de Sociedad Civil Española ante las instituciones europeas, Amalio de Marichalar analiza en esta entrevista el papel de la sociedad civil frente a la Ley de Amnistía. Amalio de Marichalar desgrana los argumentos jurídicos que, a su juicio, hacen incompatible la norma con el Estado de derecho, denuncia la presión política ejercida sobre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y alerta de las consecuencias democráticas que tendría validar una ley concebida —afirma— para garantizar la permanencia del presidente del Gobierno en el poder.

¿Cuál crees que es el papel fundamental de la sociedad civil española contra esta ley de amnistía?

Hoy ha sido muy importante, porque ciento treinta asociaciones de la sociedad civil de toda España —bajo el nombre de Sociedad Civil Española— nos presentamos el pasado 10 de diciembre como evolución de la Plataforma por la España Constitucional, que ha organizado cinco grandes manifestaciones en Madrid.

El papel fundamental es llamar la atención de la ciudadanía española sobre todas las arbitrariedades que este Gobierno está llevando a cabo. En una situación normal, haríamos muchas otras cosas: fomentar el progreso de la sociedad en todos los ámbitos. Ese sería nuestro papel natural.

Pero estamos en una situación absolutamente extraordinaria desde hace siete años, y especialmente en los últimos tres años de esta legislatura. Nuestra labor es volver al Estado de derecho y al imperio de la ley, que el presidente del Gobierno conculca a diario.

¿Cuáles son, según ustedes, los argumentos jurídicos por los cuales esta ley resulta incompatible con el Estado de derecho?

Son muchísimos. Por ejemplo, el informe más reciente de la Comisión Europea, de junio pasado, que el Tribunal Constitucional español no quiso ni estudiar, a mi juicio en una actitud prevaricadora.

Ese informe del abogado de la Comisión Europea señala que la amnistía es una autoamnistía para comprar siete votos con el objetivo de que un presidente del Gobierno pueda acceder al sillón de la Presidencia. Es decir, los golpistas se autoamnistían y, a cambio, pagan políticamente con siete votos para que ese presidente pueda gobernar. Ese argumento es demoledor.

Además, el mundo jurídico en España ha sido prácticamente unánime en los últimos dos años: informes del Consejo General del Poder Judicial, de colegios profesionales, de asociaciones judiciales, de cientos de abogados de prestigio. Todos coinciden.

La ley de amnistía anula resoluciones judiciales dictadas en un Estado democrático, anula la jurisdicción del Tribunal Supremo, que es la última instancia, y deja sin efecto sentencias firmes por sedición. Anula también la legislación vigente en el momento de los hechos.

Implica además una contradicción flagrante del presidente del Gobierno, que horas antes de las elecciones del 23 de julio afirmó que una amnistía era inconstitucional, y horas después, al ver que podía sumar un voto más, impulsó esta ley para comprar apoyos.

La única amnistía legítima fue la de la Transición, para pasar de una dictadura a una democracia, cumpliendo estrictamente el rule of law exigido por Europa. Si ahora se aprueba otra amnistía, significa que durante décadas no hemos sido democráticos y que España habría entrado fraudulentamente en la Unión Europea.

Es una ley hecha ad hoc para personas concretas que anuncian que seguirán cometiendo delitos, y aun así se les concede el perdón. Además, al detectar que podían quedar fuera delitos como la malversación, la implicación rusa o ataques a los derechos humanos, se reabrió el texto para incluirlos.

Todo ello vulnera la igualdad ante la ley. La Constitución española no recoge la ley de amnistía; de hecho, durante el proceso constituyente se descartó expresamente. Esta ley ataca todos los fundamentos básicos del Estado de derecho, y hay muchas más razones que sería largo enumerar.

Ahora, la ley de amnistía la tiene el Tribunal de Justicia Europeo, donde Sánchez ha hablado públicamente como si ya conociera el fallo. ¿Por qué consideráis que esto es una intromisión inadmisible?

Es inadmisible porque el 15 de diciembre, desde la Moncloa y ante todos los medios nacionales e internacionales, el presidente del Gobierno afirmó que la ley era legal y que informes europeos le daban la razón.

Eso es radicalmente falso. La Comisión de Venecia afirma que la ley ataca los fundamentos esenciales del Estado de derecho europeo. El informe de la Comisión Europea sostiene que se trata de una autoamnistía para intercambiar siete votos políticos y poder ser presidente del Gobierno.

Además, citó un informe del abogado general del TJUE afirmando que avalaba la ley por motivos de reconciliación en Cataluña. Ese no es un argumento jurídico, sino político, y los tribunales no pueden basarse en criterios políticos.

Curiosamente, ese argumento coincide exactamente con el discurso previo del propio presidente, que llegó a decir que había que “hacer de la necesidad virtud”. Es decir, reconoce que comete esta aberración porque no le queda otro remedio para seguir en el poder.

Esta comparecencia, transcrita palabra por palabra, supone un ataque directo a la democracia española y europea. Rompe la separación de poderes, quiebra la independencia judicial y vulnera los fundamentos del Estado de derecho.

¿Qué consecuencias democráticas puede tener que un presidente adelante públicamente un fallo judicial?

Son demoledoras. Ningún ciudadano puede presionar a un juez sin cometer un delito. Es impensable que un presidente del Gobierno utilice una tribuna pública para condicionar el fallo del Tribunal de Justicia Europeo.

No solo anticipa cuál debe ser la sentencia, sino que presiona directamente a la justicia desde una sede institucional pagada por todos los ciudadanos. Eso es absolutamente inadmisible.

Traiciona su obligación constitucional de proteger la separación de poderes, la independencia judicial y el Estado de derecho. Es un ataque nuclear a nuestra libertad, a la igualdad ante la ley y a los fundamentos de cualquier democracia europea.

Si el Tribunal de Justicia Europeo apoyara la ley de amnistía, ¿qué ocurriría?

Europa tendría un gravísimo problema, y España también. El presidente del Gobierno utilizaría ese fallo para legitimarse políticamente, reafirmándose en argumentos que sabe que son falsos, tras haber presionado para retorcer la ley.

Eso supondría el fin de la legitimidad democrática en España y en Europa. Sería un búmeran devastador para los fundamentos democráticos europeos.

Y si fuera el caso opuesto, y declararan ilegal la ley de amnistía, ¿qué sucedería en España y con Pedro Sánchez?

Sería lo que tiene que ser. Seguiríamos creyendo en la justicia, en la libertad y en la igualdad ante la ley. Demostraría que ni siquiera un presidente del Gobierno puede situarse por encima del derecho.

Las consecuencias para Pedro Sánchez serían demoledoras, porque habría quedado demostrado que intentó forzar conscientemente una sentencia judicial. La justicia, cuando protege la legalidad, acaba imponiéndose.

¿Podría ser este el final de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno?

En una situación democrática normal, bastaría un solo caso de corrupción en su entorno para obligar a dimitir. Aquí estamos ante una situación absolutamente extraordinaria.

En otros países europeos, un primer ministro dimite por una simple sospecha. Aquí, pese a múltiples escándalos, no dimite. Estamos ante un comportamiento profundamente antidemocrático.

Si la ley de amnistía es declarada ilegal, no tendría ninguna justificación para seguir un minuto más como presidente. Pero tampoco la tiene ahora: gobierna sin presupuestos, sin mayoría parlamentaria y sostenido por socios que desafían el Estado de derecho.

Esto demuestra la extrema gravedad y urgencia de la situación en la que se encuentra España.