El Gobierno asegura que "actualmente" no afronta sanciones de Bruselas por el retraso en el nuevo IVA de los autónomos
El Gobierno ha asegurado que, en estos momentos, España no está haciendo frente a ninguna sanción económica por no haber traspuesto todavía la Directiva UE 2020/285. Esta normativa europea exime del pago del IVA a aquellos autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales, así como a pequeñas empresas.
La afirmación del Ejecutivo se ha producido en una respuesta por escrito enviada al Senado tras una consulta de la parlamentaria del Partido Popular, María Teresa Ruiz-Sillero. En su contestación, el gabinete de Pedro Sánchez señala que "actualmente, España no está haciendo frente a ningún tipo de sanción económica por no transposición de directivas europeas".
Presión política y pactos parlamentarios
Esta respuesta oficial coincide con las negociaciones del Gobierno con Junts. La formación catalana ha pactado su apoyo al decreto de medidas económicas por la guerra de Irán a condición de que se trasponga de forma urgente la citada directiva. Como paso previo, se espera que el PSOE apoye este jueves en el Congreso una proposición no de ley de la formación de Carles Puigdemont sobre esta materia.
Sin embargo, la portavoz de Junts en la Cámara Alta, Míriam Nogueras, ha recordado que la Comisión Europea ya ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por este retraso. La denuncia, presentada el pasado 11 de marzo, convierte a España en el único Estado miembro que sigue sin incorporar la norma.
El impacto económico para el colectivo de autónomos
La falta de aplicación de este régimen, conocido como IVA franquiciado, tiene consecuencias directas para los trabajadores por cuenta propia. Se estima que el retraso supone unos 200 millones de euros al año en IVA para los pequeños autónomos españoles respecto a sus homólogos europeos.
La patronal de autónomos ATA, que denunció al Gobierno ante la Comisión Europea en diciembre de 2025, calcula que la medida ahorraría hasta 600 euros al año a cada profesional. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, señala que hay más de un millón de potenciales beneficiarios que actualmente son los únicos de la UE que no pueden acogerse a esta exención.