La Comisión Europea denuncia a España por no cumplir con el "IVA franquiciado" para autónomos
La Comisión Europea ha anunciado hoy su decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber traspuesto la directiva que exime de declarar el IVA a los autónomos con una facturación inferior a 85.000 euros anuales. Esta medida, conocida como "IVA franquiciado", debería haber entrado en vigor el pasado 1 de enero de 2025, de acuerdo con la Directiva Europea 2020/285.
La decisión de Bruselas responde a la denuncia interpuesta en diciembre por la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA). La Comisión considera que los esfuerzos de las autoridades españolas han sido "insuficientes" y solicitará la imposición de sanciones financieras por el incumplimiento de los plazos de notificación de las medidas nacionales necesarias.
Discriminación frente al resto de la Unión Europea
España es actualmente el único país de la Unión Europea que no ha adaptado su legislación (Ley 37/1992) para incluir este régimen de exención. Esta falta de transposición vulnera, según la denuncia original, los principios de seguridad jurídica, competencia leal y libertad de establecimiento dentro del mercado común.
Lorenzo Amor, presidente de ATA, ha celebrado la decisión de la Comisión destacando la situación de desventaja que sufren los profesionales españoles:
A fecha de hoy, el Gobierno de España sigue sin adoptar ninguna medida legislativa para transponer la Directiva Europea 2020/285. Los autónomos españoles son los únicos en la Unión Europea que no se pueden acoger al IVA franquiciado si facturan menos de 85.000 euros. La falta de previsión legal y la inexistencia de procedimientos de control adaptados son trabas y más trabas.
Ahorro en costes y burocracia
La implantación del IVA franquiciado permitiría a los trabajadores por cuenta propia eliminar las declaraciones trimestrales y anuales del impuesto, lo que simplificaría drásticamente su gestión administrativa. Según los cálculos de ATA, esta medida supondría un alivio económico directo para el colectivo: "Los autónomos podrían tener un ahorro de hasta 600 euros en costes, en burocracia, por el hecho del IVA franquiciado. Los tiempos de Hacienda y el Gobierno de España son lentos y perezosos en transponer directivas que faciliten la labor a los pequeños empresarios y los autónomos, pero son ágiles cuando significan recaudar más".
Desde la federación confían en que el tribunal europeo se pronuncie con celeridad para acabar con esta "discriminación" y obligue al Ejecutivo a implementar un sistema que ya funciona en el resto de los Estados miembros.