Este sistema permitiría que los profesionales con una facturación anual inferior a los 85.000 euros queden exentos de presentar las declaraciones trimestrales y el resumen anual del impuesto, reduciendo drásticamente sus cargas administrativas.
Bajo este modelo de carácter voluntario, los autónomos acogidos no incluirían el IVA en las facturas emitidas a sus clientes, aunque, como contrapartida, tampoco podrían deducirse el IVA soportado en sus compras profesionales. Conpymes estima que más de 700.000 trabajadores por cuenta propia podrían beneficiarse de esta medida, que busca equiparar la agilidad burocrática de los profesionales españoles con la de sus homólogos en países como Francia o Alemania.
Creación de una Mesa de Transición Digital y Fiscal
Para evitar conflictos y garantizar la seguridad jurídica, la confederación propone la creación de una Mesa de Transición Digital y Fiscal. Este órgano tendría como objetivo facilitar la adaptación de los sectores afectados y diseñar una salida gradual del actual sistema de módulos, especialmente en actividades tradicionales como la hostelería o el transporte, vinculándola estrechamente a la entrada en vigor de la nueva franquicia del IVA.
La propuesta de Conpymes enfatiza que la simplificación administrativa debe traducirse en una reducción real de la burocracia para que los autónomos puedan centrar sus esfuerzos en el crecimiento de sus negocios.
Asimismo, la organización sostiene que el impacto presupuestario de la medida, estimado entre 500 y 600 millones de euros, se vería compensado por el estímulo al consumo y una mayor formalización de la actividad económica general.
Riesgos jurídicos por el retraso en la transposición
El presidente de Conpymes, José María Torres, ha advertido sobre los riesgos de no trasponer la normativa europea en los plazos establecidos. Según ha recordado, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea permite a los ciudadanos invocar directivas no traspuestas frente al Estado cuando estas son claras y precisas. De no actuar de forma coordinada con el sector, España podría enfrentarse a un colapso judicial debido a las reclamaciones individuales de miles de autónomos.
La confederación insiste en que su voluntad es alcanzar un acuerdo constructivo con la Agencia Tributaria que garantice la estabilidad de las cuentas públicas sin penalizar la competitividad de las pequeñas empresas. La implementación de este régimen se presenta como un paso necesario para modernizar el sistema fiscal español y adaptarlo a las exigencias de transparencia y eficiencia del mercado común europeo.
