Las comunidades autónomas mantienen en funcionamiento 1.772 entes públicos entre organismos autónomos, agencias, fundaciones y consorcios que, en muchos casos, operan con escaso control parlamentario y gran opacidad. Así lo denuncian varios expertos en gestión pública, que alertan del uso de estas estructuras como redes clientelares para colocar a cargos afines, con el consiguiente coste para el contribuyente.
Según los datos analizados, Cataluña lidera la lista con 364 organismos, seguida de Andalucía con 181 y el País Vasco con 154. Estas cifras vuelven a reavivar el debate sobre la eficiencia del modelo autonómico y el gasto duplicado que muchas veces se solapa con competencias ya cubiertas por la Administración General del Estado.
En una reciente publicación audiovisual, titulada Pagado con tu dinero, se detalla cómo esta red —en muchos casos calificada como "chiringuitos políticos"— opera al margen de los controles administrativos habituales, permitiendo la designación directa de cargos, muchas veces sin criterios técnicos objetivos.
“Estamos hablando de estructuras que, lejos de mejorar la gestión, muchas veces se convierten en instrumentos de reparto de poder político y gasto injustificado, sufragados con fondos públicos”, señala un experto en políticas públicas consultado por este medio.
Impacto económico y falta de transparencia
El mantenimiento de estos 1.772 entes representa miles de millones de euros al año en gasto público entre sueldos, alquileres, estructuras paralelas y gastos de funcionamiento. Aunque algunos cumplen funciones específicas, como el desarrollo económico o la investigación, otros presentan dudosa utilidad o duplican servicios ya existentes.
En algunos casos, sus presupuestos superan incluso los de consejerías completas. La falta de auditorías externas independientes y la escasa fiscalización parlamentaria dificultan una evaluación objetiva de su eficiencia.
Reacciones y peticiones de reforma
Desde distintos sectores de la sociedad civil y entidades de control financiero se exige una revisión integral del mapa institucional autonómico. Se propone que aquellos entes que no aporten valor añadido o cuya existencia no esté justificada por criterios de necesidad y eficiencia sean disueltos o integrados en las estructuras administrativas ordinarias.
En el actual contexto de contención del gasto público, especialmente tras los efectos económicos de la pandemia y los compromisos de estabilidad presupuestaria con la Unión Europea, el debate sobre la racionalización del sector público autonómico cobra mayor relevancia.
