El Ministerio de Trabajo apunta al campo, la seguridad y la limpieza como posibles beneficiados del incentivo fiscal ligado a la subida del SMI
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha puesto sobre la mesa de la negociación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una propuesta para ofrecer incentivos fiscales a las empresas que puedan verse más afectadas por el aumento previsto para 2026. La medida forma parte del diálogo entre Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales para buscar un acuerdo que facilite la aplicación del alza salarial sin penalizar en exceso a ciertos sectores productivos.
La idea consiste en vincular deducciones en el impuesto de sociedades al cumplimiento de una serie de condiciones por parte de las empresas beneficiarias. Entre esos requisitos figurarían, por ejemplo, mantener la plantilla de trabajadores, no reducir empleo y apostar por subidas salariales más allá del mínimo legal en los convenios colectivos de la propia empresa. Con este enfoque, el Ejecutivo pretende que las mejoras retributivas no se traduzcan en un incremento de la carga fiscal que desincentive la contratación o la estabilidad laboral.
El planteamiento se discute en el marco de las reuniones programadas entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos representativos y las patronales, entre ellas la CEOE y Cepyme. El objetivo es cerrar un texto de acuerdo que incluya tanto la cuantía final del SMI como las ayudas que acompañen su implementación, de manera que los incrementos salariales sean sostenibles para la actividad empresarial.
La propuesta de incentivos fiscales responde a las preocupaciones de sectores en los que los salarios bajos están más generalizados, como servicios de limpieza, seguridad o agricultura, y en los que la subida del SMI puede suponer un reto mayor en términos de costes laborales. Al mismo tiempo, fuentes del diálogo social señalan que aún falta concretar cómo se articularán esas deducciones dentro de la normativa fiscal y qué fórmulas resultarán más eficaces para mantener el empleo y la competitividad.
En cualquier caso, la propuesta de incentivos no modifica los derechos y obligaciones existentes de trabajadores y empleadores, sino que busca complementar las medidas de política salarial con herramientas que alivien el impacto económico para las empresas sin renunciar al objetivo de mejorar las condiciones salariales de los trabajadores.