La CEOE advierte de riesgos para empresas por la subida del Salario Mínimo Interprofesional
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha expresado su preocupación por el impacto que puede tener la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en las empresas que prestan servicios a la administración pública. La patronal considera que, si no se permite trasladar legalmente los incrementos salariales a los precios de los contratos públicos, muchas compañías podrían enfrentar dificultades económicas que afecten a la estabilidad laboral y a la calidad de los servicios.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha planteado un aumento del SMI del 3,1% para 2026, lo que situaría el salario mínimo mensual en torno a 1.221 euros en 14 pagas. Los sindicatos han mostrado su respaldo a esta propuesta, mientras que CEOE y la patronal de pequeñas y medianas empresas han manifestado que un incremento de esta magnitud sin mecanismos de compensación puede generar presión financiera sobre las empresas adjudicatarias de contratos públicos.
Según la CEOE, numerosos sectores que dependen de contratos con la administración, como limpieza, seguridad, mantenimiento o comedores escolares, tienen precios establecidos por varios años y no contemplan ajustes automáticos ante aumentos del SMI. Esto obliga a las compañías a asumir los costes adicionales, lo que puede repercutir negativamente en su viabilidad económica y en las condiciones laborales de sus empleados.
La patronal ha propuesto, como alternativa, una subida más moderada del 1,5% del SMI para 2026, argumentando que incrementos mayores podrían comprometer la sostenibilidad de muchas pymes. La CEOE considera que, además del porcentaje de aumento, es fundamental establecer mecanismos legales que permitan a las empresas repercutir el incremento del salario mínimo en los contratos en curso.
Un punto clave señalado por la patronal es la Ley de desindexación, que actualmente impide que los precios de los contratos públicos se ajusten automáticamente a la evolución de los salarios o la inflación. Según la CEOE, esta normativa limita la capacidad de las empresas para gestionar el impacto de la subida del SMI, generando riesgos de precarización en algunos sectores y dificultando la competencia justa entre proveedores.
El debate sobre el SMI se desarrolla en el marco del diálogo social entre Gobierno, sindicatos y empresarios. La patronal insiste en que cualquier incremento debe ir acompañado de medidas que protejan la viabilidad económica de las empresas y la estabilidad de los contratos públicos, de modo que la subida del salario mínimo no derive en efectos negativos para el empleo ni para la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.