La Comunidad de Madrid ha aprobado un nuevo decreto con el objetivo de simplificar y agilizar la tramitación de los procedimientos sancionadores en materia laboral.
La norma, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), unifica en un único texto la distribución de competencias de los órganos responsables de instruir y resolver estos expedientes.
El Ejecutivo regional sostiene que esta actualización permitirá mejorar la coordinación administrativa, reducir la dispersión normativa existente hasta ahora y adaptar el marco regulador a la estructura actual de la Administración autonómica.
Un único marco para las sanciones laborales
El nuevo decreto reúne en un solo texto las normas que determinan qué órganos de la Comunidad de Madrid son competentes para gestionar los procedimientos sancionadores relacionados con la legislación laboral.
Entre los expedientes que podrán tramitarse bajo este marco se encuentran los derivados de incumplimientos como el impago de salarios, situaciones de acoso en el trabajo u otras infracciones previstas en la normativa laboral.
Hasta ahora, estas competencias estaban distribuidas en distintas disposiciones normativas, lo que, según la Comunidad de Madrid, dificultaba su aplicación y coordinación administrativa.
Publicación de las infracciones muy graves en prevención de riesgos laborales
La nueva regulación también establece el procedimiento para la publicación de las sanciones impuestas por infracciones calificadas como muy graves en materia de prevención de riesgos laborales.
Entre estas conductas se incluyen, por ejemplo, la vulneración de las medidas de protección de las trabajadoras durante el embarazo y la lactancia, así como la ausencia de recursos preventivos cuando la normativa obliga a disponer de ellos.
Con esta medida, la Administración autonómica pretende reforzar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Cambios para las personas inscritas en los servicios públicos de empleo
El decreto incorpora además una regulación específica sobre los procedimientos sancionadores relacionados con las obligaciones de las personas inscritas en los servicios públicos de empleo.
La norma afecta tanto a quienes perciben prestaciones o subsidios como a los demandantes de empleo que, aun sin recibir ayudas económicas, figuran inscritos en estos servicios.
Entre las conductas susceptibles de sanción se encuentra el rechazo injustificado de cursos de formación por parte de los beneficiarios de prestaciones, una medida que, según el Ejecutivo regional, busca garantizar que los recursos públicos destinados a políticas de empleo lleguen a quienes cumplen con sus obligaciones y participan activamente en las actuaciones dirigidas a mejorar su empleabilidad.
