Gestha reclama una agencia independiente de integridad pública y vetar los lobbies a los expolíticos
El sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, reclama la creación de una agencia independiente de integridad pública para evitar casos de corrupción institucional. La propuesta exige prohibir que los expolíticos actúen como lobistas y endurecer los plazos de prescripción de los delitos penales.
Un paquete de reformas legislativas para blindar la transparencia y frenar las disfunciones en las esferas de decisión estatal. El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha defendido la necesidad de constituir una "agencia independiente de integridad pública" con el objetivo de impedir prácticas de corrupción institucional o favoritismos, aludiendo a controversias recientes como la investigación sobre el rescate financiero a la aerolínea Plus Ultra.
A través de un comunicado oficial, la organización sindical ha alertado de que la transparencia insuficiente que rodea actualmente los vínculos entre las grandes corporaciones económicas y los responsables de la gestión pública erosiona gravemente la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. Por ello, instan a los legisladores a avanzar de forma decidida en la regulación formal de las actividades de influencia, endurecer los regímenes de incompatibilidades y robustecer la integridad estructural del Estado.
Control estricto a las actividades de los grupos de interés
Para Gestha, la problemática principal no radica de forma exclusiva en la existencia natural de las actividades de representación de intereses, sino en la opacidad con la que se desenvuelven determinados encuentros. El sindicato considera imprescindible regular por ley la actividad del lobby y decretar una prohibición absoluta para que los ex altos cargos, los antiguos funcionarios de alto rango y quienes hayan ostentado puestos de representación representativa pública se incorporen a estas plataformas de presión.
Entre las medidas técnicas planteadas destaca la implantación de un "Registro de Grupos de Interés" de carácter público y obligatorio. Este instrumento censal, cuya gestión recaería sobre la Oficina de Conflictos de Intereses, permitiría conocer de manera transparente la identidad real de los lobistas y el historial de sus relaciones con los cargos políticos, incluyendo la potestad de revocar la inscripción registral ante supuestos de infracciones graves. De igual modo, exigen la redacción de un código de conducta de obligado cumplimiento que prohíba expresamente la entrega de obsequios o prebendas de cualquier tipo a los responsables administrativos.
Incompatibilidades profesionales y plazos de prescripción penal
La hoja de ruta propuesta por los técnicos de Hacienda plantea además un reforzamiento severo de los periodos de carencia tras el cese de la actividad pública. El sindicato rechaza el marco actual que autoriza a los antiguos cargos públicos a ejercer como lobistas transcurridos apenas dos años desde su salida del puesto de gobierno. En su lugar, demandan un veto específico que impida realizar labores profesionales de influencia directa sobre las materias que guardasen relación con sus competencias previas de gestión. Asimismo, defienden que las agendas de los gobernantes deban detallar minuciosamente con qué personas se reúnen, los asuntos concretos que se debaten y los documentos que se aportan.
Finalmente, el documento de Gestha incide en el marco judicial penal para combatir la impunidad de las tramas complejas. El colectivo de técnicos ve urgente endurecer las penas de los delitos vinculados con la corrupción pública con el fin de ampliar su plazo legal de prescripción, solicitando que este periodo se extienda desde los cinco años vigentes en la actualidad hasta un umbral mínimo de siete años. Esta ampliación temporal dotaría a los cuerpos de inspección y a las autoridades judiciales de un margen operativo más amplio para sacar adelante investigaciones de alta dificultad financiera y documental.