Gestha rebaja a 27,4 millones de euros la devolución real de Hacienda a Shakira tras el fallo de la Audiencia Nacional
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calculan que la devolución real que la Agencia Tributaria deberá abonar a la cantante Shakira se situará en 27,4 millones de euros más intereses. La estimación llega tras el fallo de la Audiencia Nacional que exime a la artista de tributar en España durante 2011.
El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha emitido un informe de estimación financiera en el que concreta que la devolución efectiva que las arcas públicas deberán realizar a la artista colombiana Shakira ascenderá a 27,4 millones de euros, sumando a esta cantidad los correspondientes intereses legales devengados. Esta cifra contrasta de forma significativa con el montante bruto de 60 millones de euros que se venía barajando tras estimarse su recurso ante la Audiencia Nacional, tribunal que determinó la falta de pruebas fehacientes para demostrar que la cantante residiera fiscalmente en España en el año 2011.
La organización de técnicos ha explicado que el erario público se encuentra analizando minuciosamente los fundamentos de la resolución judicial para determinar la viabilidad de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El foco de la abogacía del Estado se centra en revisar los hechos declarados probados relativos al núcleo principal de las actividades e intereses económicos de la intérprete durante aquel ejercicio, buscando con ello fijar un criterio nítido que impida la proliferación de supuestos de apátridas fiscales dentro del marco de las grandes fortunas internacionales.
Desglose de cuotas e intereses ante una actuación administrativa validada
De acuerdo con los cálculos técnicos aportados por Gestha, el paquete económico definitivo de 27,4 millones de euros se desglosa en una cuota impositiva principal que asciende a los 22,1 millones de euros, a los que se añaden de forma directa unos intereses de demora iniciales calculados en el entorno de los 5,3 millones. Sobre esta base acumulada, la Administración pública deberá consignar un añadido de 6,843 millones de euros en concepto de intereses legales actualizados a fecha del presente mes de mayo de 2026.
Por otra parte, el colectivo de inspectores ha querido recalcar un matiz jurídico de gran relevancia de la sentencia. La Audiencia Nacional no ha apreciado la existencia de mala fe ni temeridad en el comportamiento de la inspección fiscal a lo largo del proceso. De este modo, la condena en costas impuesta a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) responde de manera estricta a la aplicación automática de la normativa reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa al haberse estimado el recurso de la defensa.
Los técnicos insisten en que tanto la AEAT como la Agencia Tributaria de Cataluña actuaron de forma impecable y escrupulosa conforme a las leyes vigentes, asegurando que este fallo judicial no sienta un precedente generalizado para Hacienda, dado que se limita a evaluar las circunstancias específicas de residencia de una persona física durante un único año concreto.
Un caso aislado que no interfiere en las condenas firmes previas
El dictamen judicial actual circunscribe sus efectos legales de manera exclusiva a la campaña fiscal del año 2011, dejando intacto el resto del historial tributario de la artista. Los técnicos han recordado que esta resolución de la Audiencia Nacional no interfiere ni guarda relación con la residencia fiscal acreditada de la cantante durante el periodo comprendido entre los años 2012 y 2014, un tramo temporal por el que la cantante ya aceptó una condena firme de conformidad por la comisión de delitos fiscales relacionados con el impago generalizado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Finalmente, Gestha ha manifestado su rechazo frontal a las valoraciones personales vertidas en el comunicado oficial emitido por los portavoces de Shakira, en el cual se acusaba al sistema de aplastar a los ciudadanos presumiendo su culpabilidad de partida. El sindicato del funcionariado de Hacienda ha defendido la neutralidad y las plenas garantías de la normativa fiscal española, considerada por los analistas internacionales como una de las más protectoras de los derechos del contribuyente en el entorno europeo, reiterando que la carga de la prueba y la obligación de demostrar la culpabilidad en un procedimiento inspector recae siempre, por ley, sobre los hombros de la propia Administración.