FEDEA pide condicionar la llegada de centros de datos a España para garantizar beneficios económicos y sociales
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) plantea que España debe aprovechar el auge de los centros de datos como oportunidad para reforzar su posición en la economía digital europea, pero únicamente si estas inversiones generan un retorno efectivo para el territorio. Un estudio elaborado por la investigadora Judith Arnal sostiene que la disponibilidad de suelo, energía, agua o capacidad de red debe ir acompañada de compromisos verificables en materia de industria, empleo, innovación y sostenibilidad.
La inteligencia artificial impulsa la expansión de los centros de datos
El informe explica que el desarrollo de la inteligencia artificial ha incrementado de forma exponencial las necesidades de capacidad de procesamiento, lo que ha convertido a los centros de datos en infraestructuras estratégicas para la economía digital.
España parte con una posición favorable gracias a la disponibilidad de energías renovables, una amplia red de fibra óptica, suelo para nuevas instalaciones y una ubicación geográfica atractiva para las grandes empresas tecnológicas.
Sin embargo, FEDEA considera que atraer este tipo de inversiones no debe convertirse en un objetivo en sí mismo, sino que debe estar condicionado a que el consumo de recursos estratégicos se traduzca en beneficios tangibles para la economía española.
El mayor valor económico sigue fuera del territorio
El estudio señala que las mayores rentabilidades de la cadena de valor de los centros de datos se concentran en el equipamiento informático y en los servicios de computación en la nube e inteligencia artificial, ámbitos dominados por grandes compañías internacionales y difíciles de localizar en España.
En cambio, el retorno económico local se concentra principalmente en la construcción, la infraestructura, la operación de las instalaciones y determinados servicios auxiliares.
Por ello, FEDEA defiende que las administraciones deben garantizar que las inversiones generen un impacto real sobre la industria nacional, la creación de empleo cualificado, la formación tecnológica y el desarrollo empresarial.
Las comunidades autónomas deben fijar condiciones transparentes
La investigación considera que comunidades autónomas y ayuntamientos desempeñan un papel decisivo para maximizar el valor de estas inversiones.
En lugar de limitarse a agilizar permisos, las administraciones territoriales deberían vincular el acceso a recursos escasos como el suelo, el agua o la energía a compromisos concretos y verificables relacionados con cinco ámbitos:
- Desarrollo industrial y proveedores locales.
- Formación y empleo cualificado.
- Innovación y adopción tecnológica.
- Gestión eficiente del agua, la energía y las infraestructuras.
- Retorno fiscal y beneficios para el territorio.
El informe advierte de que estas condiciones deben establecerse mediante criterios públicos y transparentes para evitar negociaciones individuales que puedan generar desigualdades o inseguridad jurídica.
Críticas al nuevo régimen de acceso a la red eléctrica
Uno de los principales focos del análisis se centra en el Real Decreto-ley 7/2026, aprobado para ordenar el acceso de grandes consumidores eléctricos a la red.
FEDEA considera positivo que la norma trate de frenar el acaparamiento de permisos de conexión, ya que actualmente existen miles de megavatios concedidos que previsiblemente nunca llegarán a utilizarse.
No obstante, el estudio alerta de dos riesgos principales.
El primero es la creación de la figura de los proyectos estratégicos, que podrán acceder de forma prioritaria a la red eléctrica mediante criterios que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera demasiado amplios y poco objetivos.
El segundo es que la sostenibilidad pase a convertirse en un requisito obligatorio para acceder a la red únicamente en el caso de los centros de datos, mientras otros grandes consumidores eléctricos quedan al margen de esta exigencia.
Además, los grandes campus de inteligencia artificial superiores a 100 megavatios deberán situarse entre el 15 % más eficiente del sector. Al tratarse de un criterio relativo, un centro podría perder su autorización aunque mantuviera sus niveles de eficiencia simplemente porque otros proyectos mejoraran sus prestaciones.
FEDEA apuesta por reglas objetivas y previsibles
El estudio concluye que España dispone de una oportunidad real para consolidarse como uno de los principales polos europeos de centros de datos, pero insiste en que el éxito dependerá del equilibrio entre la política nacional y la capacidad de gestión de los territorios.
Según FEDEA, el Estado debe garantizar un sistema de acceso a la red basado en criterios técnicos, transparentes y no discriminatorios, mientras que las comunidades autónomas deben asegurar que las inversiones contribuyan de forma efectiva al desarrollo económico local.
Solo bajo esas condiciones, concluye el informe, la utilización de recursos estratégicos como la energía, el suelo o la capacidad de red generará el mayor retorno posible tanto para la industria digital como para el conjunto de la sociedad.