La gestión de las donaciones recibidas tras la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que devastó la Comunidad Valenciana y otras áreas de España a finales de octubre de 2024 está siendo objeto de debate y polémica tras casi un año sin explicaciones detalladas sobre la cantidad recaudada y el destino de esos fondos.
Economistas, representantes políticos y ciudadanos están exigiendo al Gobierno aclaraciones que vayan más allá del mero desglose del total recibido.
Una cuenta pública para donaciones, pero sin rendición de cuentas clara
Tras la catástrofe, el Gobierno de España habilitó una cuenta en el Tesoro Público para canalizar las donaciones privadas destinadas a apoyar a los afectados por la DANA, tal y como establece la disposición adicional undécima del Real Decreto-ley 7/2024. Esta cuenta, identificada con el IBAN ES20 9000 0001 2002 5012 3454, fue presentada como una vía segura y directa para que ciudadanos y empresas contribuyeran a la reconstrucción y atención de los damnificados.
Sin embargo, casi un año después, la información pública sobre cuánto se ha recaudado y, sobre todo, cómo y dónde se ha gastado ese dinero sigue siendo escasa o inexistente, según denuncias recientes y solicitudes de transparencia.
Reclamaciones de transparencia y preguntas sin respuesta
La polémica se intensificó cuando un ciudadano presentó una petición formal de acceso a la información bajo la Ley de Transparencia, solicitando datos pormenorizados sobre las donaciones: importe total, desglose por tipo de donante, expedientes de generación de crédito, destino territorial de los fondos, beneficios fiscales aplicados y auditorías realizadas. Aunque el Ministerio de Economía facilitó el total recaudado, no ofreció datos sobre el uso de esos recursos ni informes de seguimiento, lo que llevó al solicitante a elevar la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
La vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana también ha acusado al Ejecutivo de “ocultar” información sobre estas donaciones y exigió transparencia sobre el destino de los fondos recaudados en la cuenta del Tesoro.
Fondo de solidaridad europeo y ayudas oficiales
Mientras persiste el debate sobre las donaciones privadas, el Estado español ha movilizado importantes recursos públicos para la recuperación y reconstrucción tras la DANA. Por ejemplo, la Comisión Europea concedió a España 946 millones de euros a través del Fondo de Solidaridad Europeo, destinados a paliar los daños causados por el temporal, con una parte ya avanzada y prevista para su reparto entre administraciones centrales y locales.
Además, informes oficiales señalan que el Gobierno ejecutó alrededor de 7.400 millones de euros en ayudas públicas destinadas a zonas afectadas por la DANA hasta mediados de 2025. Estas cifras incluyen fondos destinados a reconstrucción de infraestructuras, ayudas directas y reactivación económica en los municipios más perjudicados.
Solidaridad y donaciones a través de entidades sociales
Al margen de la cuenta oficial del Tesoro, numerosas entidades no gubernamentales y empresas privadas también han canalizado donaciones significativas para las víctimas de la DANA. La Fundación Amancio Ortega, por ejemplo, destinó 100 millones de euros directamente a ayuntamientos y servicios sociales en los municipios más afectados.
Organizaciones como la Cruz Roja Española han recibido y gestionado donaciones a través de distintos canales (Bizum, transferencias bancarias y campañas específicas) para apoyar directamente los esfuerzos de emergencia, recuperación y atención social en zonas inundadas.
Necesidad de transparencia y confianza pública
La falta de información clara y detallada sobre el uso de los fondos donados a través de la cuenta del Tesoro ha generado inquietud en sectores de la sociedad civil y en representantes políticos. Las reclamaciones de transparencia buscan asegurar que las aportaciones solidarias de ciudadanos y empresas sean gestionadas, justificadas y auditadas de forma pública, cumpliendo con los principios de buena administración y manteniendo la confianza de quienes aportaron sus recursos con fines solidarios.
