El sistema de ayudas energéticas en España vuelve al centro del debate tras un análisis que cuestiona su alcance y eficacia. El estudio elaborado por el economista Diego Rodríguez concluye que el bono social eléctrico y térmico presenta importantes carencias en su diseño actual, dejando fuera a una parte significativa de los hogares con menos recursos.
Más de cuatro millones de hogares podrían acceder… pero no lo hacen
Uno de los datos más relevantes del informe es que hasta 4,12 millones de hogares cumplirían los criterios para recibir el bono social, lo que equivale a un 21,12% del total en España. Sin embargo, la cobertura real se queda muy por debajo.
Actualmente, solo 1,73 millones de hogares son beneficiarios del bono eléctrico, lo que representa apenas un 8,81% del total. Esto implica que casi la mitad de los potenciales beneficiarios no acceden a la ayuda, evidenciando una clara brecha en el sistema.
La situación es aún más llamativa en los hogares con menores ingresos, donde la tasa de cobertura es significativamente más baja, mientras que en niveles de renta más altos la cobertura es prácticamente total.
El criterio de familia numerosa, en el punto de mira
El informe identifica uno de los principales problemas del sistema: el peso del criterio de familia numerosa, que permite acceder al bono sin tener en cuenta necesariamente el nivel de renta.
De hecho, más del 25% de los beneficiarios acceden por esta vía, lo que genera distorsiones. En algunos casos, hogares con ingresos elevados reciben ayudas diseñadas para colectivos vulnerables, mientras que otros con menos recursos quedan fuera.
Esta situación se refleja especialmente en regiones como Madrid, donde el número de beneficiarios es elevado pese a su mayor renta media, precisamente por la alta concentración de familias numerosas.
Un sistema complejo y con barreras de acceso
El procedimiento actual exige que los usuarios soliciten el bono de forma activa, aportando documentación y cumpliendo requisitos administrativos que pueden resultar complejos.
Este modelo provoca que muchos hogares vulnerables no accedan a la ayuda por desconocimiento, dificultad en los trámites o el llamado “efecto estigma”, asociado a la solicitud de prestaciones públicas.
El informe propone avanzar hacia sistemas automáticos de concesión, donde las administraciones identifiquen directamente a los beneficiarios en función de sus ingresos.
Un coste creciente que pagan los consumidores
El bono social eléctrico tiene un coste estimado de más de 500 millones de euros en 2026, financiado en gran parte por las empresas del sector energético, aunque repercutido finalmente en la factura de los consumidores.
Por su parte, el bono térmico, que se abona como cheque directo anual, se financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y puede alcanzar importes de hasta 373 euros anuales según la vulnerabilidad y la zona climática.
Hacia un nuevo modelo de ayudas energéticas
El estudio plantea la necesidad de una reforma profunda del sistema. Entre las principales propuestas destaca eliminar el criterio de familia numerosa como vía directa de acceso y centrar todas las ayudas en la renta real de los hogares.
Además, se propone avanzar hacia un modelo más amplio: un único bono energético que incluya electricidad, calefacción y transporte, adaptado al contexto de transición energética y al impacto de nuevas políticas europeas como el mercado de emisiones ETS2.
Otra alternativa sobre la mesa es integrar estas ayudas dentro de mecanismos más generales, como el Ingreso Mínimo Vital, para evitar la fragmentación de políticas sociales.
La pobreza energética, un reflejo de la falta de ingresos
El análisis concluye que la pobreza energética no es un problema aislado, sino una manifestación de la insuficiencia de recursos económicos en los hogares.
Por ello, los expertos insisten en la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva global, evitando sistemas fragmentados y apostando por políticas que refuercen directamente la renta de los ciudadanos más vulnerables.
