Aecoc exige al Gobierno medidas eficaces ante el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre el gran consumo
La Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) ha instado al Ejecutivo a adoptar soluciones rápidas que respondan a la realidad operativa de las empresas españolas. Según la patronal, la escalada bélica internacional está provocando un incremento insostenible en los costes de la energía, los combustibles y los fertilizantes, tensionando al máximo la cadena de suministro.
Aecoc advierte que el sector del gran consumo es especialmente sensible a los impactos externos debido a que está compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos. Estos colectivos cuentan con márgenes de beneficio muy ajustados y una capacidad limitada para absorber las subidas bruscas de los costes operativos, lo que pone en riesgo la viabilidad de miles de negocios en el sector primario y el transporte de mercancías.
La industria y la distribución no solo deben soportar el encarecimiento de los fletes y la logística, sino que también son consumidores intensivos de electricidad y gas. Esta dependencia energética vuelve a las empresas extremadamente vulnerables en un contexto de volatilidad como el actual, donde cualquier shock externo se traslada de forma inmediata a la estructura de costes de producción y distribución de alimentos y productos básicos.
Riesgo de tensión social y problemas de abastecimiento
La asociación alerta de que la falta de respuestas ágiles por parte de la Administración podría derivar en un aumento de la conflictividad, especialmente entre los transportistas y otros colectivos afectados directamente por el precio del gasóleo. Un escenario de paros o protestas tendría consecuencias directas en la actividad económica general y podría llegar a comprometer el normal abastecimiento de productos en los puntos de venta.
Ante esta situación, Aecoc insiste en la necesidad de actuar con anticipación, responsabilidad y diálogo. La patronal reclama decisiones alineadas con las necesidades reales de las empresas para evitar que la presión inflacionista y los costes de la energía terminen provocando una ruptura en la cadena de valor que afecte tanto a las compañías como a los consumidores finales.