El PSOE en la Asamblea de Madrid ha denunciado la gestión de las ayudas económicas de pago único destinadas a mujeres víctimas de violencia de género, al asegurar que la Comunidad de Madrid está rechazando más de la mitad de las solicitudes y que los expedientes acumulan meses de tramitación.
Los datos aportados por el grupo parlamentario socialista apuntan a que durante 2025 se registraron 852 solicitudes, de las que todavía quedaban 83 pendientes de resolver, mientras que únicamente el 33% habría terminado con una resolución favorable.
La situación, según los socialistas, se habría agravado durante los primeros meses de 2026. Hasta el 15 de junio, de las 531 solicitudes presentadas, solo 86 habían sido resueltas favorablemente, lo que representa el 16,2% del total, aproximadamente una de cada seis.
La Comunidad de Madrid mantiene actualmente abierta esta prestación de pago único, destinada a mujeres víctimas de violencia de género que acrediten insuficiencia de recursos y especiales dificultades para acceder a un empleo.
El PSOE alerta de la evolución de las ayudas en 2025 y 2026
La diputada socialista Lorena Morales ha cuestionado el funcionamiento del sistema y ha reclamado una mayor agilidad en la tramitación de estas prestaciones.
Morales considera que estas ayudas son "fundamentales" para que las mujeres víctimas de violencia machista puedan alejarse de sus agresores y ha acusado al Gobierno regional de no estar dando una respuesta suficiente a las solicitantes.
Según los datos difundidos por el PSOE, en 2025 se concedió aproximadamente una de cada tres ayudas solicitadas. Para 2026, el porcentaje de resoluciones favorables acumulado hasta el 15 de junio se situaría en el 16,2%.
Estos datos corresponden a la información manejada por el grupo socialista y a su valoración política de la gestión de la prestación. La Comunidad de Madrid, por su parte, mantiene el procedimiento regulado y actualmente permite presentar las solicitudes durante todo el año.
Qué son estas ayudas de pago único
La prestación a la que hace referencia la denuncia socialista está recogida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Su finalidad es proporcionar un apoyo económico a mujeres que se encuentran en una situación acreditada de violencia de género, carecen de recursos suficientes y tienen especiales dificultades para encontrar empleo. El objetivo es contribuir a garantizar sus derechos económicos y favorecer su integración social.
La Comunidad de Madrid establece actualmente entre los requisitos tener acreditada la condición de víctima, residir en alguno de los municipios de la región, no superar determinados límites de renta y contar con un informe que certifique las especiales dificultades para acceder a un empleo.
La cuantía no es igual para todas las beneficiarias, sino que se determina mediante un baremo que tiene en cuenta, entre otros aspectos, las responsabilidades familiares y la discapacidad de la solicitante o de personas a su cargo.
La Comunidad establece un plazo máximo de tres meses
Uno de los aspectos señalados por el PSOE es el tiempo de resolución de los expedientes.
La información oficial de la Comunidad de Madrid establece actualmente un plazo máximo de tres meses para resolver estas solicitudes. La Administración explica además que las peticiones se analizan por orden de presentación y que, si la documentación está incompleta, se requiere a la solicitante para que la subsane.
El procedimiento contempla resoluciones periódicas cada dos meses. Las solicitudes que no hayan podido resolverse en uno de esos periodos pasan al siguiente. Si transcurre el plazo máximo de tres meses sin una resolución expresa, el efecto previsto es desestimatorio.
La existencia de expedientes pendientes no implica, por sí misma, que todos ellos vayan a terminar siendo rechazados, ya que una parte puede encontrarse todavía en fase de tramitación.
Los socialistas cuestionan el papel de la Comunidad
Morales ha dirigido sus críticas a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y ha sostenido que la Administración autonómica debería agilizar la llegada de estas ayudas a las mujeres que cumplen los requisitos.
"En vez de proteger a las mujeres las pone en riesgo", ha afirmado la diputada socialista, que reclama una respuesta más rápida ante unas prestaciones que, según defiende su grupo, pueden resultar determinantes para facilitar la autonomía económica de las víctimas.
La denuncia se produce en un contexto en el que la Comunidad mantiene diferentes programas de apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género, entre ellos estas ayudas económicas de pago único y recursos residenciales y de atención integral.
