El Ministerio de Consumo expedienta a una gran inmobiliaria por imponer cláusulas abusivas en miles de alquileres

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha incoado un expediente sancionador a una de las mayores empresas inmobiliarias que operan en España, propietaria y gestora de miles de inmuebles residenciales distribuidos en régimen de arrendamiento por diversas comunidades autónomas. Según ha informado hoy el gabinete liderado por el ministro Pablo Bustinduy a través de un comunicado oficial, la decisión se ha tomado tras completar una investigación previa que ha permitido identificar cuatro potenciales infracciones normativas en los contratos de adhesión de la compañía.

Las irregularidades detectadas por los inspectores públicos se centran en la inclusión de condiciones contractuales unilaterales que perjudican la posición jurídica y económica del inquilino. En concreto, el pliego del expediente recoge como presuntas malas prácticas la obligatoriedad impuesta al arrendatario de suscribir y costear un seguro de impago de rentas, así como la incorporación de una cláusula donde el firmante debía reconocer de forma ficticia haber mantenido una "negociación individualizada" del redactado del contrato, una fórmula habitual para tratar de eludir el carácter de contrato de adhesión y blindar el texto ante futuras impugnaciones judiciales.

Penalizaciones diarias y multas que podrían alcanzar el millón de euros

Asimismo, el Ministerio de Consumo ha puesto el foco sobre el régimen sancionador interno de la inmobiliaria. La investigación apunta a la existencia de penalizaciones económicas "desproporcionadas" impuestas a los inquilinos por cada día de retraso en la entrega material de las llaves del inmueble al finalizar la relación contractual.

Finalmente, el expediente denuncia la inclusión de otra estipulación que traslada al arrendatario una serie de gastos y recargos injustificados relacionados de forma directa con el mantenimiento de los equipos de suministros (como luz, agua o gas) y con las gestiones administrativas de cambio de titularidad de los mismos.

Desde el punto de vista sancionador, cada una de estas cuatro conductas podría ser tipificada formalmente como cláusula abusiva en base a la legislación de defensa de los consumidores. En caso de confirmarse las infracciones, la compañía podría afrontar multas coercitivas de hasta 1.000.000 de euros por cada uno de los cargos imputados, o bien sanciones equivalentes a entre seis y ocho veces el beneficio económico lícito obtenido mediante la aplicación de estas condiciones.

No obstante, tras la apertura formal del procedimiento, la Dirección General de Consumo ha recordado que el inicio de estas actuaciones sancionadoras abre un periodo de alegaciones y no prejuzga en ningún caso el resultado final de la resolución administrativa.

El precedente inmediato de Alquiler Seguro

Este movimiento regulatorio del departamento de Pablo Bustinduy no es un hecho aislado dentro de la estrategia de control del mercado de la vivienda. Desde el propio ministerio han recordado que el pasado mes de abril la administración estatal ratificó de forma definitiva una multa histórica de 3,6 millones de euros dirigida a la mercantil Alquiler Seguro por incurrir en prácticas comerciales abusivas contra sus inquilinos.

En aquel procedimiento previo, Consumo determinó que la empresa en cuestión había cometido un total de seis infracciones administrativas catalogadas como muy graves y una de carácter grave, resolviendo que la inmobiliaria se había valido de su posición de predominio en el mercado para vulnerar los derechos básicos de los consumidores. Dicha sanción devino firme y agotó la vía administrativa tras desestimarse el recurso de alzada interpuesto por la compañía ante el propio ministro, consolidando el criterio sancionador que ahora sirve de marco para este nuevo expediente.