El Sindicato de Inquilinas impulsa una huelga estatal contra Alquiler Seguro por supuestos abusos
El Sindicato de Inquilinas prepara una huelga estatal contra Alquiler Seguro por denuncias de prácticas abusivas en el alquiler
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha anunciado el inicio de una campaña para organizar la primera huelga estatal de alquileres contra la empresa Alquiler Seguro, a la que acusa de mantener prácticas “sistemáticas y estructurales contrarias a la legalidad”.
La iniciativa, que todavía no tiene fecha definida, surge tras años de conflictos, denuncias y procesos judiciales y se plantea como una medida de presión ante lo que el colectivo considera abusos reiterados en el mercado del alquiler.
Denuncias por honorarios y prácticas abusivas
Entre las principales críticas del sindicato figuran el cobro de honorarios presuntamente ilegales, la imposición de seguros y servicios vinculados a empresas del mismo grupo, así como deficiencias en el mantenimiento de las viviendas.
Además, denuncian casos como el cobro de hasta 200 euros por visitar un inmueble, una práctica que consideran inaceptable. “No podemos esperar más”, sostienen desde la organización, que afirma canalizar el malestar creciente de miles de inquilinos.
Una campaña de organización a nivel estatal
Como primer paso, la Confederación recorrerá las cerca de 30.000 viviendas gestionadas por la inmobiliaria en toda España para informar a los arrendatarios y promover su organización.
Según indican, ya cuentan con cientos de familias implicadas, muchas de ellas afectadas directamente por estas prácticas. El objetivo es consolidar una base suficiente para convocar una huelga que tenga impacto real en el sector.
Reivindicaciones más allá de un caso concreto
Aunque la protesta se centra en Alquiler Seguro, el sindicato subraya que la iniciativa responde a un problema estructural: el encarecimiento del acceso a la vivienda.
En este sentido, denuncian que los inquilinos deben afrontar costes superiores a los 4.000 euros cada pocos años para acceder a una vivienda, una situación que consideran insostenible.
Un conflicto judicial en paralelo
El origen del conflicto se remonta a 2024, cuando el Sindicato de Inquilinas de Madrid presentó una denuncia ante la Dirección General de Consumo, que derivó en una sanción de 3,6 millones de euros, aún pendiente de resolución definitiva.
Además, existe un proceso judicial en curso contra la empresa por supuesto cobro encubierto de honorarios y gestión irregular de depósitos, cuyo juicio está previsto para 2028.
La huelga como “acto de desobediencia”
La Confederación plantea la huelga como un acto de desobediencia y acción directa, que se desarrollará por fases. La convocatoria definitiva será debatida en asambleas de inquilinos una vez finalice la fase inicial de organización.
Desde el colectivo aseguran que una movilización de estas características podría obligar a la empresa a modificar su modelo de negocio, al tiempo que alertan de posibles consecuencias en la gestión de contratos.
Un movimiento en expansión
La campaña cuenta con el apoyo de diversos colectivos de vivienda en distintas regiones, consolidando una red estatal que busca coordinar acciones frente a lo que consideran abusos del mercado inmobiliario.
El movimiento aspira a trasladar conflictos locales al ámbito nacional y a reforzar la organización colectiva como herramienta para defender el derecho a la vivienda.