Viviendas turísticas

La FRAVM denuncia que las viviendas turísticas ilegales agravan la inseguridad y reclama cambios urgentes en Madrid

Turistas en la Plaza Mayor de Madrid
La FRAVM reclama más inspecciones y una regulación del alquiler de temporada para frenar las viviendas turísticas ilegales en Madrid

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha situado el problema de las viviendas de uso turístico (VUT) ilegales en el centro del debate durante la visita de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y del delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín, a una comunidad de propietarios de la calle Prado, 16, en el distrito Centro.

El inmueble, con el apoyo de la Asociación Vecinal Sol y Barrio de las Letras, logró impedir la implantación de nuevas viviendas turísticas mediante la modificación de sus estatutos, una posibilidad contemplada tras la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal impulsada por el movimiento vecinal.

Los vecinos denuncian la continuidad de alojamientos turísticos ilegales

Según la FRAVM, la comunidad continúa conviviendo con dos viviendas turísticas ilegales que siguen funcionando en el edificio pese a las restricciones aprobadas por los propietarios.

La federación señala que esta situación provoca problemas continuos de ruidos, suciedad e inseguridad, además de recordar que el edificio sufrió el pasado año un grave incendio originado en uno de los pisos turísticos.

Los residentes aseguran haber trasladado reiteradamente esta situación al Ayuntamiento de Madrid sin obtener respuesta.

La federación reclama regular el alquiler de temporada

Durante el encuentro, el presidente de la FRAVM, Jorge Nacarino, pidió a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados la aprobación urgente de una regulación del alquiler de temporada.

La organización sostiene que esta modalidad está contribuyendo a incrementar los precios de la vivienda, reducir la oferta residencial y favorecer la salida de vecinos de sus barrios, por lo que considera necesaria una regulación específica.

La FRAVM alerta sobre los riesgos para la seguridad

La federación también ha puesto el foco en los riesgos de seguridad asociados a las viviendas turísticas ilegales.

Jorge Nacarino afirmó que Madrid acumula alrededor de 15.000 "puntos negros" de seguridad ciudadana en edificios residenciales debido a este tipo de alojamientos.

Según explicó, a diferencia de los establecimientos hoteleros, las viviendas turísticas ilegales no cuentan con los mismos mecanismos de control e identificación de los huéspedes, lo que, a juicio de la organización, puede facilitar actividades ilícitas además de generar problemas de convivencia por ruidos, fiestas y acumulación de residuos.

El informe de la FRAVM cuestiona la eficacia del Plan Reside

La organización presentó además las conclusiones de su informe "El impacto de las viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad de Madrid", coincidiendo con el primer aniversario de la aprobación municipal del Plan Reside.

En él sostiene que los alojamientos turísticos ilegales continúan creciendo, critica la falta de inspecciones municipales y considera que la estrategia de dispersión prevista en el plan favorece la compra de edificios por parte de inversores, lo que incrementa el precio de la vivienda y reduce la oferta residencial.

Por este motivo, la FRAVM ha solicitado formalmente una reevaluación del Plan Reside y su modificación tras el verano.

La federación cuestiona la reducción de pisos turísticos

La FRAVM también rechaza la afirmación de que las viviendas turísticas se hayan reducido un 40 % en Madrid.

Según la organización, esa disminución no refleja la realidad, ya que considera que muchas viviendas se han trasladado a la modalidad de alquiler de temporada, escapando de las estadísticas utilizadas.

Además, recuerda que, según los datos del registro único estatal del Ministerio de Vivienda, Madrid concentra unos 15.000 alojamientos turísticos ilegales, dentro de los 111.000 detectados en toda España.

Durante la visita, la ministra Isabel Rodríguez reclamó a comunidades autónomas y ayuntamientos que refuercen las inspecciones y ejecuten de forma efectiva el cierre de estos alojamientos ilegales, una petición que coincide con las reivindicaciones trasladadas por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid.