Varapalo judicial a Airbnb: Madrid obliga a la plataforma a abonar la multa histórica de 64 millones de euros
La batalla legal entre el Gobierno y las grandes plataformas de alquiler vacacional ha dado un giro decisivo este lunes. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha denegado la solicitud de medidas cautelares presentada por Airbnb, obligando a la compañía a hacer efectiva la sanción de 64.055.311 euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
La justicia rechaza así paralizar el pago de la multa mientras se dirime el fondo del asunto, confirmando la firmeza de las acciones emprendidas por el departamento de Pablo Bustinduy.
Infracciones en 65.000 anuncios: Licencias falsas y publicidad engañosa
El origen de esta sanción histórica, firmada en diciembre de 2025, reside en la identificación de infracciones en un total de 65.122 anuncios publicados en la plataforma. Según el Ministerio de Consumo, Airbnb permitió la promoción de alojamientos turísticos que carecían de licencia o que, en su defecto, mostraban números de registro falsos o erróneos.
Estas prácticas han sido tipificadas como comerciales desleales y publicidad engañosa, ya que omitían información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones. La sanción principal, que asciende a 63,9 millones de euros, se calculó multiplicando por seis el beneficio ilícito obtenido por la plataforma desde que fue apercibida por el Ministerio hasta que finalmente retiró los anuncios en julio de 2025.
Multas adicionales por obstrucción y falta de transparencia
Además de la infracción grave por los anuncios irregulares, el auto judicial respalda otras sanciones menores pero significativas que Airbnb deberá abonar: 55.000 euros por incumplir las órdenes dictadas durante la instrucción para evitar riesgos a los usuarios, 10.000 euros por obstrucción a la inspección, al no responder a los requerimientos oficiales del Ministerio y 10.000 euros por omitir datos obligatorios en contratos celebrados a distancia.
El siguiente paso: Recurso de reposición
Aunque la decisión del TSJ de Madrid supone un duro golpe financiero y reputacional para Airbnb, la vía judicial no está agotada. La plataforma tiene ahora la posibilidad de presentar un recurso de reposición ante el mismo tribunal. No obstante, la denegación de las medidas cautelares implica que el "escudo judicial" que suspendía temporalmente el pago ha caído, marcando un precedente en la regulación de la economía colaborativa y el control de los pisos turísticos en España.
Desde el Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy han celebrado la decisión, insistiendo en que la transparencia y el cumplimiento de las normativas autonómicas de registro son "innegociables" para garantizar la protección de los consumidores y el derecho a la vivienda.