El Supremo deja visto para sentencia el caso mascarillas con peticiones de cárcel para Ábalos y Koldo

El Tribunal Supremo ha dejado visto para sentencia el denominado caso mascarillas, una de las causas judiciales más relevantes derivadas de los contratos públicos adjudicados durante la pandemia de la covid-19. Tras varias semanas de sesiones, acusaciones y defensas han presentado este miércoles sus conclusiones finales en una jornada marcada por el fuerte enfrentamiento entre las partes y las últimas palabras de los principales acusados.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene que existió una trama organizada para amañar contratos de suministro de mascarillas a cambio de comisiones ilegales, mientras que las defensas niegan la existencia de organización criminal y denuncian una causa “predeterminada” y condicionada por la presión mediática.

Ábalos denuncia “juicios paralelos” y presión mediática

El exministro de Transportes José Luis Ábalos utilizó su turno de última palabra para cargar contra la repercusión pública del proceso judicial.

Ábalos aseguró que toda la causa ha estado marcada por una “predeterminación” y criticó los llamados “juicios paralelos” que, según afirmó, han intoxicado el procedimiento desde el inicio.

“El derecho al honor es imposible de defender”, lamentó el exdirigente socialista ante el tribunal.

Su abogado, Marino Turiel, insistió además en que los contratos de mascarillas se ajustaron a la legalidad y defendió que no existen pruebas concluyentes más allá de correos electrónicos y declaraciones del empresario Víctor de Aldama.

Koldo García pide disculpas y asegura estar “destrozado”

Por su parte, Koldo García, exasesor de Ábalos, pidió disculpas durante su intervención final y aseguró encontrarse “totalmente destrozado” a nivel personal, laboral y social.

“No tengo dinero. No he recibido ninguna dádiva”, afirmó ante la Sala, negando haber cobrado comisiones ilegales de Víctor de Aldama.

Koldo relató además sus dificultades económicas y personales durante los últimos meses, asegurando que ha llegado incluso a dormir en el coche y que su suegra ha tenido que asumir gastos familiares.

Su defensa negó igualmente la existencia de una organización criminal y sostuvo que, en todo caso, el papel de García habría sido secundario.

Fiscalía Anticorrupción pide hasta 24 años de cárcel

La Fiscalía Anticorrupción mantiene elevadas penas para los principales acusados.

El fiscal Alejandro Luzón solicita 24 años de prisión para José Luis Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Víctor de Aldama, aunque reconoce la colaboración del empresario con la Justicia y deja abierta la posibilidad de una futura rebaja de condena.

Durante su informe final, Luzón aseguró que la corrupción “carcome la democracia” y sostuvo que la investigación ha acreditado un sistema de enriquecimiento ilícito ligado a contratos públicos durante la pandemia.

La acusación popular habla de una trama que “se lucró con la covid”

La acusación popular endureció todavía más el tono durante la vista.

El abogado Alberto Durán afirmó que la trama se benefició económicamente mientras miles de personas sufrían las consecuencias de la pandemia y reclamó penas de hasta 30 años de prisión para Ábalos y Koldo García.

Según sostuvo, los acusados aprovecharon la emergencia sanitaria para obtener beneficios económicos y favores personales.

Aldama se presenta como colaborador y no como líder de la trama

La defensa de Víctor de Aldama sostuvo una posición diferente durante la sesión.

Su abogado, José Antonio Choclán, aseguró que el empresario no creó ninguna organización criminal, sino que fue captado por una estructura ya existente.

El letrado defendió además la colaboración de Aldama con la Guardia Civil y con la Fiscalía, afirmando que gracias a su testimonio se han abierto nuevas líneas de investigación relacionadas con otros dirigentes políticos.

El Supremo entra en la fase final del proceso

Con la conclusión de los informes y el cierre de la vista oral, el Tribunal Supremo entra ahora en fase de deliberación antes de dictar sentencia.

La resolución pondrá fin a uno de los procedimientos judiciales más mediáticos de los últimos años, centrado en la gestión de contratos públicos durante la pandemia y en las presuntas comisiones ilegales vinculadas a la compra de material sanitario.