El Supremo ratifica la condena a Álvaro García Ortiz y abre la puerta al recurso ante el Constitucional
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha desestimado el incidente de nulidad presentado por Álvaro García Ortiz contra la sentencia que le condenó por un delito de revelación de secretos. Con esta decisión, el Alto Tribunal agota la vía ordinaria y permite al exfiscal general del Estado acudir en amparo al Tribunal Constitucional para intentar revertir la condena que forzó su salida del cargo en relación con la filtración de datos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
El auto del Supremo, que no ha sido adoptado por unanimidad, insiste en que no se vulneraron los derechos fundamentales del exfiscal durante el proceso. La resolución ha contado con el voto particular de la magistrada Susana Polo, al que se ha adherido la magistrada Ana Ferrer, evidenciando la división interna en la Sala sobre el encaje jurídico de los hechos.
Los indicios de la condena
El tribunal se reafirma en las pruebas valoradas para dictar la sentencia condenatoria, centrándose en dos hitos principales. El primero es la filtración a la prensa: el auto señala que existen indicios suficientes para inferir que García Ortiz, o alguien de su entorno directo bajo su conocimiento, entregó a la Cadena SER el correo electrónico confidencial entre la defensa de Alberto González Amador y el fiscal del caso. El segundo es la nota de prensa oficial: la sentencia ha recordado que el propio García Ortiz asumió la responsabilidad de la nota emitida por la Fiscalía, que buscaba desmentir las informaciones difundidas por el entorno de la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Siguiente paso: El Tribunal Constitucional
Tras este rechazo, Álvaro García Ortiz dispone ahora de la vía del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Su defensa alegará previsiblemente la vulneración de derechos fundamentales, argumentando que la actuación del entonces fiscal general se enmarcó en el deber de informar de la institución para combatir bulos y garantizar el derecho a la información veraz.
Este caso marca un hito histórico en la justicia española, al ser la primera vez que un fiscal general del Estado en ejercicio resulta imputado y posteriormente condenado por hechos vinculados al desempeño de su cargo.