El Supremo ejecuta la condena al exfiscal general Álvaro García Ortiz por revelación de secretos
El alto tribunal activa la inhabilitación, la multa y la indemnización impuestas al exfiscal general del Estado por divulgar datos del entorno de Isabel Díaz Ayuso
El Tribunal Supremo ha ordenado la ejecución de la sentencia condenatoria dictada contra Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, por un delito de revelación de secretos relacionado con la difusión de información privada de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Según el auto, fechado el 12 de diciembre, el alto tribunal ordena que se haga efectiva la condena que impone a García Ortiz dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado, además del pago de una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros al afectado. El Supremo reclama que estas cantidades sean ingresadas en la cuenta de depósitos y consignaciones del propio tribunal.
Asimismo, la resolución judicial ha sido remitida a la Fiscalía General del Estado “a los efectos oportunos”, con el fin de que se adopten las medidas administrativas correspondientes.
Dimisión tras conocerse la sentencia
García Ortiz renunció a su cargo el pasado 24 de noviembre, apenas cuatro días después de que trascendiera el fallo condenatorio, que se conoció antes de su publicación oficial para evitar filtraciones. El cese fue formalizado el 9 de diciembre, culminando así una etapa marcada por la controversia institucional.
En su relevo, Teresa Peramato, fiscal especializada en violencia de género, ya ha asumido oficialmente la Fiscalía General del Estado, comprometiéndose a ejercer el cargo con “independencia, rigor y lealtad” al ordenamiento jurídico.
Impacto en su futuro profesional
Tras su salida, se abre ahora una incógnita sobre el futuro de García Ortiz dentro de la carrera fiscal. Durante su mandato se encontraba en situación administrativa de servicios especiales, lo que implica que deberá solicitar formalmente su reingreso si desea continuar en el Ministerio Fiscal.
Fuentes fiscales consultadas apuntan a que la Inspección Fiscal será la encargada de evaluar cómo afecta la condena a su estatus profesional. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y su reglamento contemplan que una condena con inhabilitación para cargo público puede derivar en la pérdida de la condición de fiscal, aunque este extremo deberá ser analizado caso por caso.
Alcance de la inhabilitación
En su sentencia, el Tribunal Supremo precisó que la inhabilitación impuesta se limita exclusivamente al cargo de fiscal general del Estado, sin pronunciarse sobre otras consecuencias administrativas o profesionales. Estas, subrayó el propio tribunal, quedan fuera del ámbito estrictamente judicial y deberán resolverse en sede administrativa.
Con la orden de ejecución ya en marcha, el caso entra ahora en su fase final, mientras se dirime si la condena tendrá un impacto definitivo en la trayectoria profesional de quien fuera la máxima autoridad del Ministerio Fiscal.