El Supremo citará el jueves a Ábalos y Koldo para decidir si ingresan en prisión
El magistrado del Supremo estudiará este jueves si envía a prisión a José Luis Ábalos y Koldo García, tal como solicitan Anticorrupción y las acusaciones populares
El Tribunal Supremo ha dado un paso decisivo en el proceso judicial contra José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por las presuntas irregularidades cometidas en los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia desde el Ministerio de Transportes. El magistrado Leopoldo Puente ha citado a ambos a comparecer este jueves en una vista clave en la que se estudiará si ingresan en prisión provisional, como reclaman la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares.
Actualmente, tanto Ábalos como García están sujetos a medidas cautelares que incluyen retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial. Sin embargo, las acusaciones consideran que, ante la proximidad del juicio y la dureza de las penas solicitadas, estas medidas resultan insuficientes.
Las acusaciones piden hasta 30 años de cárcel
Las acusaciones populares sostienen que existen “indicios racionales de criminalidad” y un riesgo real de fuga dada la gravedad del caso. Sus escritos de acusación piden penas que podrían ascender hasta 30 años de prisión, la solicitud más alta para un político en activo en la historia democrática reciente.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción reclama 24 años de cárcel para Ábalos, quien continúa siendo diputado en el Congreso. Se trata de una petición histórica por su volumen y por la relevancia del cargo que ocupaba cuando, supuestamente, se produjeron los hechos investigados.
Delitos imputados y posibles consecuencias
El exministro será juzgado por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. De confirmarse la petición de prisión provisional, Ábalos podría ser trasladado de forma inmediata al centro penitenciario de Soto del Real.
Desde su entorno jurídico se considera que las peticiones de pena son “exageradas”, pero las acusaciones insisten en que el volumen de fondos públicos manejados durante la pandemia y la supuesta estructura organizada de la trama justifican la severidad de las reclamaciones.
Peticiones de testigos de alto nivel
En un escrito conjunto, el Partido Popular, personado como acusación popular, ha solicitado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declare como testigo, alegando que puede aportar datos relevantes sobre las gestiones del Ejecutivo con la Unión Europea durante la crisis sanitaria. También han pedido que comparezcan la vicepresidenta María Jesús Montero y la exministra Reyes Maroto.
La vista del jueves será decisiva para establecer el futuro inmediato de los dos principales investigados en una de las causas de corrupción más relevantes surgidas durante la pandemia.