El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado citar a declarar a 25 personas investigadas en una causa en la que se indagan presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación y organización criminal relacionados con empresas públicas del Estado.

La decisión se recoge en un auto dictado este lunes, mediante el que el magistrado responde a un escrito presentado por la Fiscalía en el que solicitaba que el procedimiento se dirigiera "no sólo formal sino también materialmente" contra los investigados.

Entre las personas llamadas a declarar figura la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda.

El magistrado ordena la designación de defensa antes de las declaraciones

El auto establece que todos los investigados que todavía no estén personados en la causa deberán designar abogado y procurador antes de prestar declaración.

La investigación tiene su origen en una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción el 10 de diciembre de 2025, mientras que el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid mantiene abierta otra causa relacionada con la presunta trama liderada por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y Leire Díez.

En este contexto, Pedraz ha solicitado a dicho juzgado que se inhiba a favor de la Audiencia Nacional, una petición a la que se opone la defensa del exdirigente socialista.

La UCO sitúa el foco en una presunta red organizada

Según los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la organización investigada habría contado con entidad propia y se habría autodenominado "Hirurok", término en euskera que significa "nosotros tres".

Los investigadores sostienen que la presunta red habría estado dirigida por Antxon Alonso, empresario y socio de Santos Cerdán, con la participación de Vicente Fernández y Leire Díez.

La investigación apunta a que empresas intermediarias como Mediaciones Martínez SL y Servinabar habrían sido utilizadas para canalizar fondos presuntamente obtenidos de manera ilícita mediante contratos supuestamente amañados adjudicados por entidades públicas.

Contratos y operaciones bajo investigación

Entre las operaciones analizadas por la UCO figuran contratos relacionados con Mercasa, Enusa, el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), gestionado por la SEPI para Tubos Reunidos, una obra de demolición en Avilés tramitada por el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) y una inversión pública en el grupo Forestalia.

Los investigadores también señalan que las comunicaciones entre los presuntos integrantes de la organización se realizaban mediante la aplicación de mensajería cifrada Threema, utilizando grupos denominados "Hirurok" e "Hirurok Berriro", circunstancia que, según la investigación, dificultó el desarrollo de las pesquisas.

Asimismo, la UCO examina contratos menores adjudicados por Mercasa a Servinabar, la rehabilitación de la sede de la empresa pública y el crédito participativo de 115 millones de euros concedido a Tubos Reunidos por el Fasee en julio de 2021.

Según la valoración de los investigadores, responsables de Tubos Reunidos habrían tenido acceso a documentación confidencial, que presuntamente les habría sido facilitada por Miguel Ángel Figueroa, director de Participadas III de la SEPI.

La investigación también sostiene que la operación relativa a Tubos Reunidos estaría vinculada a diversos pagos, entre ellos uno dirigido a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, a quien la UCO atribuye haber anticipado una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales antes de que fuera dictada.