Agentes de la Policía Nacional han detenido a un empresario del sector cárnico en Leganés por manipular carne en estado de putrefacción con productos químicos peligrosos, con el objetivo de mejorar su aspecto y olor para su posterior venta, poniendo en riesgo la salud de los consumidores. La operación, desarrollada junto a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha permitido clausurar la actividad mercantil de la empresa tras encontrar grandes cantidades de carne descompuesta, aditivos ilegales y pruebas de explotación laboral.
El arrestado, cuya identidad no ha sido revelada, ha sido imputado como presunto responsable de delitos contra la salud pública, contra los derechos de los trabajadores, defraudación de fluido eléctrico y fraude fiscal. Fue localizado escondido dentro de las instalaciones, tras una inspección sorpresa motivada por una denuncia presentada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Uso de productos no alimentarios para disimular la descomposición
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la investigación reveló que el empresario utilizaba blanqueadores de uso en la construcción y sulfitos no autorizados para eliminar el olor a putrefacción y dar apariencia fresca a la carne en descomposición durante cinco o seis días más, extendiendo de forma fraudulenta su vida útil.
Entre los productos hallados se identificó un compuesto utilizado habitualmente para alisar paredes, completamente ajeno al ámbito alimentario, y cuya toxicidad puede suponer graves riesgos para la salud si es ingerido.
Las cámaras frigoríficas de la nave contenían contenedores llenos de carne en mal estado, tanto de cerdo, para la que la empresa sí tenía licencia, como de otras variedades como pollo, cuyo procesamiento no estaba autorizado.
Explotación laboral extrema y amenazas
Además del fraude alimentario, la investigación ha destapado una grave situación de explotación laboral. El empresario contrataba a personas extranjeras en situación administrativa irregular, a quienes obligaba a trabajar hasta 26 horas seguidas, sin garantías contractuales y, en ocasiones, sin pagar los salarios acordados. Si los trabajadores protestaban por sus condiciones, eran amenazados con ser denunciados por su situación migratoria.
Los empleados habían sido instruidos para huir o esconderse ante cualquier presencia policial. Se les obligaba a utilizar trampillas en el techo o escaleras ocultas en los cuadros eléctricos para alcanzar la azotea y escapar.
Instalación eléctrica ilegal y fraude a Hacienda
Durante el registro, los agentes también descubrieron que la empresa operaba con una instalación eléctrica clandestina, con la que defraudaba una cantidad importante de fluido eléctrico. Este hecho ha derivado en un nuevo cargo por delito contra la Hacienda Pública, al comprobarse además fraude en el IVA.
Clausura de la nave y seguimiento sanitario
La Consejería de Sanidad ha ordenado el precinto y clausura inmediata de la actividad mercantil, ante la gravedad de los hechos. La empresa, autorizada únicamente para el tratamiento de carne porcina, incumplía múltiples normativas sanitarias y legales.
Se está realizando un análisis urgente de la documentación incautada para rastrear la distribución de la carne adulterada, con el fin de alertar a los posibles establecimientos y retirar de forma preventiva cualquier producto afectado. La información ya ha sido puesta a disposición de la autoridad sanitaria competente para que adopte las medidas pertinentes.
Riesgo para la salud pública y tolerancia cero
Fuentes policiales han calificado el caso como “uno de los fraudes alimentarios más graves detectados en la Comunidad de Madrid en los últimos años”. La combinación de productos no alimentarios, carnes en descomposición y explotación laboral, supone una amenaza directa a la salud pública y una vulneración múltiple de derechos fundamentales.
El detenido ha sido puesto a disposición judicial, y se enfrenta a una condena que podría superar los 15 años de prisión, dado el conjunto de delitos y agravantes asociados.
Desde el Ayuntamiento de Leganés y la Comunidad de Madrid se ha reiterado el compromiso con la seguridad alimentaria y la lucha contra la economía sumergida, reforzando las inspecciones en sectores especialmente sensibles como el cárnico.
