Detenido un arquitecto en Madrid por estafar 50.000 euros prometiendo legalizar obras en suelo protegido

La Guardia Civil ha detenido a un arquitecto técnico acusado de estafar cerca de 50.000 euros a propietarios de parcelas en suelo no urbanizable en varios municipios de la Comunidad de Madrid, a quienes ofrecía supuestos servicios para legalizar construcciones imposibles de regularizar.

Una estafa basada en falsas promesas urbanísticas

La investigación apunta a que el detenido, residente en Madrid, habría desarrollado desde 2022 una actividad fraudulenta consistente en ofrecer la legalización de obras en terrenos protegidos, asegurando a los propietarios que podía gestionar licencias urbanísticas o declaraciones responsables.

Las parcelas afectadas se encontraban en Chinchón, Colmenar de Oreja y Valdilecha, todas ellas ubicadas en suelo clasificado como no urbanizable de protección, donde este tipo de actuaciones no son autorizables.

El arquitecto ponía a disposición de los afectados supuestos servicios técnicos, administrativos o de intermediación, cobrando por ellos pese a que las obras carecían de cualquier título habilitante válido.

Delitos contra el urbanismo y estafa continuada

A raíz de estos hechos, se le atribuyen cuatro delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, además de un delito de estafa continuada. Según las estimaciones de la Guardia Civil, el importe total defraudado asciende a unos 50.000 euros.

Las actuaciones fraudulentas incluían el cobro por la ejecución de obras sin licencia, generando falsas expectativas en los propietarios que buscaban regularizar sus construcciones.

Operación Cimientos contra construcciones ilegales

La detención se enmarca en la denominada operación Cimientos, desarrollada por la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA) de la Guardia Civil, centrada en combatir la proliferación de construcciones ilegales en distintos municipios madrileños.

Este operativo cuenta con la colaboración de la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid y ha permitido que, en los últimos cinco años, 291 personas hayan sido investigadas o detenidas por delitos relacionados con la ordenación del territorio.

Impacto ambiental y riesgos para la seguridad

Desde la Guardia Civil recuerdan que este tipo de construcciones ilegales no solo vulneran la normativa urbanística, sino que también provocan un deterioro del medio natural, una gestión inadecuada de residuos y pueden suponer riesgos para la seguridad de las personas, especialmente al ubicarse en zonas vulnerables a incendios o inundaciones.