La Unión Europea responde a Pedro Sánchez que la restricción de las redes sociales a menores ya está contemplada en una ley europea
La Unión Europea responde a Pedro Sánchez que existe un debate abierto sobre prohibir el acceso de menores a las redes sociales o aplicar controles más estrictos, recordando que la Ley de Servicios Digitales ya establece obligaciones de protección y que las medidas nacionales no deben contradecir ese marco.
El comisario europeo de Democracia, Justicia, Estado de derecho y Protección de los Consumidores, Michael McGrath, ha expresado esta mañana en Bruselas en el Fórum Europa que la protección de niños y adolescentes en internet ya está contemplada en la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).
El reglamento que fija obligaciones a las grandes plataformas para reducir riesgos, retirar contenidos ilegales y garantizar entornos más seguros para los usuarios vulnerables, entre ellos los menores.
McGrath ha reconocido que existe un debate abierto entre los Estados miembros. Algunas capitales son partidarias de estudiar prohibiciones de acceso por edad, mientras que otras consideran más eficaz reforzar herramientas tecnológicas de verificación, controles parentales y supervisión de las propias plataformas. En ese contexto, fuentes comunitarias señalan que imponer normas nacionales adicionales podría chocar con el marco armonizado que ya establece la legislación europea.
El posicionamiento comunitario se produce tras los anuncios del Ejecutivo español de impulsar medidas para impedir el acceso de menores de 16 años a redes sociales y obligar a las compañías a implantar sistemas de comprobación de edad más estrictos que los actuales. El objetivo declarado por el Gobierno es reducir la exposición de niños y adolescentes a contenidos dañinos, adicciones digitales o riesgos para su salud mental.
La Comisión insiste, no obstante, en que la DSA ya obliga a las plataformas a evaluar y mitigar riesgos específicos para los menores, así como a diseñar sus servicios con mayores garantías de seguridad. Por ello, defiende que cualquier nueva iniciativa debe encajar dentro de ese marco común para evitar diferencias regulatorias entre países.
El debate no es exclusivo de España. Otros Estados y gobiernos fuera de la UE han explorado fórmulas similares para limitar el acceso de menores a redes sociales, lo que ha reabierto la discusión sobre si las prohibiciones generales son más efectivas que los controles técnicos y educativos. En Bruselas, por ahora, la postura pasa por seguir analizando opciones sin que exista consenso para un veto total.