La iniciativa ha recibido el apoyo unánime de los grupos políticos presentes, con la única excepción del Partido Popular Europeo.
La petición plantea posibles vulneraciones de normativa comunitaria en materia medioambiental y de protección de la infancia, lo que ha motivado que la comisión estudie el caso e incluso valore el envío de una misión de eurodiputados a la ubicación elegida por el Consistorio madrileño.
Padres y vecinos denuncian riesgos para miles de menores
La solicitud fue defendida en Bruselas por Raúl Baena, en representación de familias afectadas, muchas de ellas pertenecientes a centros educativos cercanos a la parcela donde se proyecta la instalación.
Según los datos presentados, el complejo ocuparía unos 10.000 metros cuadrados e incluiría instalaciones industriales con compactadoras de residuos, tránsito diario de decenas de camiones y una unidad de descontaminación de amianto vinculada al SELUR. Los promotores de la petición alertan de que el proyecto afectaría directamente a unos 4.200 menores escolarizados en la zona y a otros 2.000 que transitan diariamente por las calles cercanas.
Durante su intervención, Baena cuestionó si la ausencia de una evaluación ambiental completa respeta el principio de precaución europeo y el interés superior del menor recogido en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
Posibles incumplimientos de normativa europea
Los denunciantes sostienen que el proyecto podría incumplir directivas comunitarias como la relativa a calidad del aire y la normativa sobre ruido ambiental. Además, recuerdan que la Justicia ya ha señalado la falta de un estudio de impacto ambiental completo, que el Ayuntamiento habría intentado suplir posteriormente con documentación parcial.
El megacantón forma parte de un contrato municipal adjudicado a la empresa Urbaser dentro de la estrategia de gestión de residuos de la capital, impulsada por el equipo del alcalde José Luis Martínez-Almeida.
Apoyo vecinal y petición de reubicación
La iniciativa cuenta con el respaldo de la Plataforma No al Cantón de Montecarmelo, que asegura representar a unas 20.000 personas y haber recogido más de 14.000 firmas solicitando la reubicación del proyecto en una zona industrial alternativa y la preservación del espacio verde previsto en la parcela actual.
Desde el movimiento vecinal se insiste en la voluntad de diálogo con las instituciones europeas y también con los grupos políticos que no apoyaron la petición, con el objetivo de revisar la documentación oficial del proyecto.
La Comisión de Peticiones continuará ahora el análisis del expediente antes de decidir los siguientes pasos, que podrían incluir actuaciones de supervisión sobre el terreno.
