Madrid da el primer paso para aprobar una nueva Ley de Accesibilidad más inclusiva
La Comunidad de Madrid ha dado el primer paso para renovar el marco legal en materia de accesibilidad con la futura Ley de Accesibilidad, una norma que reemplazará a la legislación vigente desde 1993 con el objetivo de responder a las necesidades actuales de las personas con discapacidad y avanzar hacia una sociedad más inclusiva.
El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles el inicio de la consulta pública previa del anteproyecto, un proceso que permanecerá abierto durante 20 días a través del Portal de Transparencia para recoger aportaciones de ciudadanos, entidades y organizaciones representativas del sector.
Una ley adaptada a las necesidades del siglo XXI
El Ejecutivo autonómico considera necesaria la actualización de la normativa para adecuarla a la realidad social, tecnológica y urbanística actual. La futura ley pretende reforzar la autonomía personal y garantizar que cualquier ciudadano pueda desenvolverse en igualdad de condiciones, eliminando barreras físicas, sensoriales y cognitivas.
El nuevo texto abordará aspectos que hasta ahora no estaban contemplados en la legislación madrileña, incorporando criterios específicos para facilitar la accesibilidad en ámbitos como el urbanismo, la edificación, el transporte o los espacios naturales.
Más requisitos para edificios, viviendas y espacios públicos
Entre las principales novedades previstas figura la regulación de las condiciones de accesibilidad en espacios naturales protegidos, así como la obligación de que instalaciones temporales como carpas, escenarios, andamios o estructuras provisionales cumplan requisitos específicos para garantizar el acceso universal.
Además, la norma incorporará nuevas exigencias tanto para las promociones de vivienda de nueva construcción como para los proyectos de rehabilitación de edificios existentes, reforzando el diseño accesible desde el origen de las actuaciones.
Evaluaciones periódicas y régimen sancionador
La futura legislación también incluirá mecanismos de seguimiento para verificar el cumplimiento efectivo de las medidas contempladas.
Para ello, establecerá sistemas de evaluación periódica mediante indicadores específicos, además de un régimen sancionador destinado a actuar frente a posibles incumplimientos de la normativa.
Con estas herramientas, el Gobierno regional pretende asegurar que la accesibilidad deje de ser únicamente un principio legal para convertirse en una realidad verificable en los distintos ámbitos de la vida cotidiana.