Según la querella, admitida a trámite por el juzgado, el comprador adquirió el vehículo confiando en que se trataba de un automóvil de procedencia nacional y apto para su circulación ordinaria en España. Sin embargo, sostiene que posteriormente descubrió que el vehículo habría sido fabricado para el mercado norteamericano e importado desde México.
La investigación se centra en el origen y la homologación del vehículo
De acuerdo con la documentación aportada por la parte querellante, el vehículo fue adquirido por 31.500 euros y, presuntamente, presentaría problemas relacionados con su homologación y adaptación a la normativa europea.
La querella señala que estas circunstancias habrían impedido la utilización normal del automóvil y la obtención de determinados requisitos administrativos vinculados a su circulación en España.
Asimismo, la acusación sostiene que la primera inspección técnica realizada tras la compra obtuvo un resultado desfavorable debido a defectos considerados graves relacionados con la configuración técnica del vehículo.
El juzgado ha citado a declarar a los investigados
Dentro de las diligencias acordadas, el juzgado ha citado a declarar a los investigados y ha solicitado diversa documentación relacionada con el origen, la importación, la homologación y la comercialización del vehículo.
Entre las actuaciones interesadas figuran también requerimientos de información a la Dirección General de Tráfico y a la estación de ITV correspondiente.
La parte querellante sostiene que no habría formalizado la compra ni abonado el importe pactado de haber conocido las características reales del vehículo y las posibles limitaciones derivadas de su origen.
La defensa solicita el archivo de la causa
Por su parte, la defensa de Ocasión Plus ha solicitado el archivo de las actuaciones al considerar que los hechos denunciados pertenecen al ámbito civil y no constituyen un ilícito penal.
La investigación se encuentra en fase inicial y corresponde al juzgado determinar, tras la práctica de las diligencias acordadas, si los hechos presentan relevancia penal.
Los investigados mantienen en todo momento su derecho a la presunción de inocencia, conforme establece el ordenamiento jurídico español.
