Exilio y silencio de los venezolanos sin derecho a decidir su destino
Mientras millones de venezolanos han rehecho sus vidas en países lejanos, el régimen de Nicolás Maduro les ha arrebatado algo más que sus hogares: les ha silenciado políticamente. A pesar de ser ciudadanos con plenos derechos, la diáspora venezolana ha quedado al margen del destino de su país, privada de su voto por trabas burocráticas y una estrategia deliberada para acallar la disidencia exterior.
Ningún otro país de América Latina ha vivido un éxodo tan masivo ni tan doloroso como el venezolano. Desde 2015, millones han cruzado fronteras terrestres, selvas y desiertos en busca de seguridad y sustento. Pero hay algo que muchos han dejado atrás, incluso antes que sus pertenencias: el derecho a decidir el futuro político de su nación.
El voto, que debería ser el vínculo irrenunciable entre ciudadano y patria, se ha convertido en un privilegio inalcanzable para la mayoría de venezolanos en el exterior. No es solo una consecuencia administrativa: es una táctica política que forma parte de un plan más amplio para mantener en el poder a una élite atrincherada en Caracas.
Una diáspora descomunal sin voz
Hoy, cerca de 9 millones de venezolanos viven lejos de su país, casi un tercio de la población total. Se han dispersado por América Latina, Europa y Estados Unidos, muchos obligados a recorrer rutas tan letales como la Selva del Darién o el desierto de Atacama, mientras otros se arriesgan en el mar hacia islas vecinas como Curazao o Trinidad y Tobago.
Pese a conservar su nacionalidad y, sobre el papel, sus derechos políticos, millones han quedado excluidos de procesos electorales clave. La magnitud de esta exclusión es abrumadora. En las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, solo 69.000 venezolanos pudieron registrarse para votar en el exterior, de un universo estimado en más de 4,5 millones con derecho a sufragio.
Obstáculos diseñados para la exclusión
La causa de esta exclusión no es únicamente la distancia geográfica. Es un entramado de obstáculos burocráticos y políticos:
Requisitos imposibles de cumplir: muchos consulados venezolanos exigieron documentos de residencia legal actualizados, algo que miles de migrantes no poseen, especialmente quienes están en condición irregular o en proceso de asilo.
Restricciones consulares: en ciudades como Madrid, se denunciaron largas colas, horarios limitados y la negativa de funcionarios a recibir documentos, incluso de quienes cumplían los requisitos.
Ausencia de voluntad política: detrás de cada traba administrativa se esconde una estrategia más amplia: impedir que la diáspora, tradicionalmente opositora, pueda expresar su voto.
En esencia, el régimen ha cerrado las puertas a millones de ciudadanos que podrían modificar el equilibrio electoral. La lógica es simple: cada voto exterior que se pierde, es un voto menos contra el poder establecido.
El ejemplo del 28 de julio de 2024
La elección presidencial venezolana del 28 de julio de 2024 fue el momento en que esta exclusión alcanzó su máxima expresión. Mientras en Venezuela se multiplicaban las denuncias de irregularidades, en el exterior la mayoría de los ciudadanos ni siquiera pudo participar.
En una operación sin precedentes, la sociedad civil venezolana logró recolectar el 85,18% de las actas de escrutinio, hoy resguardadas en las bóvedas del Banco Central de Panamá. Estas actas confirman que Edmundo González Urrutia ganó la presidencia con 7.443.584 votos, superando por más de 4 millones al candidato oficialista.
Pese a ello, el régimen de Maduro sigue en el poder y no ha presentado ni una sola acta oficial que respalde los resultados anunciados la noche electoral. Mientras tanto, la represión se intensificó tras las elecciones, dejando más de 20 muertos y más de 2.500 personas detenidas en las semanas posteriores.
Violación de derechos fundamentales
La exclusión del voto exterior es una violación clara del artículo 63 de la Constitución venezolana, que garantiza el derecho al sufragio universal y secreto, sin importar el lugar de residencia. También vulnera tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado por Venezuela.
Además, tiene efectos devastadores en términos democráticos. Más de un tercio de la población venezolana está hoy fuera del país. Impedirles votar significa, de facto, borrar su existencia política y reducir la legitimidad de cualquier proceso electoral.
España: refugio y epicentro político
España es uno de los países que más venezolanos ha acogido. Según datos del INE, en 2025 residen aquí más de 700.000 venezolanos, muchos con doble nacionalidad. En los últimos años, la diáspora ha protagonizado manifestaciones, encuentros con partidos políticos y denuncias ante instituciones europeas.
En 2024, el Congreso de los Diputados debatió dos proposiciones no de ley para respaldar a Edmundo González y defender el derecho de voto de los venezolanos en el exterior. Sin embargo, ambas iniciativas quedaron bloqueadas por divisiones políticas, reflejo de la complejidad diplomática que rodea la crisis venezolana.
El exilio político más allá de las fronteras
La negación del voto exterior no es solo un trámite burocrático. Es una herramienta de represión. Significa dejar fuera de la vida política a millones que, aun en el exilio, siguen sintiéndose parte de su país. Para el régimen, silenciar esas voces es vital para sostenerse en el poder.
Y mientras tanto, la pregunta sigue abierta: ¿qué sentido tiene reconstruir una patria si a millones de sus hijos se les niega siquiera el derecho a decidir sobre ella?