La Comunidad carga contra la ley del Gobierno y alerta de “prácticas opacas”

La Comunidad de Madrid ha anunciado la presentación de alegaciones contra el anteproyecto de Ley orgánica de Integridad Pública, al considerar que la norma, impulsada por el Gobierno central, podría favorecer prácticas opacas y debilitar los mecanismos de control frente a la corrupción.

Críticas al contenido del anteproyecto

El texto, aprobado en febrero por el Consejo de Ministros, tiene como objetivo reforzar la lucha contra la corrupción mediante medidas como impedir que los condenados por este tipo de delitos accedan a beneficios penitenciarios o a la libertad condicional sin haber devuelto íntegramente el dinero sustraído con intereses.

Sin embargo, desde el Ejecutivo autonómico se sostiene que la ley supone un “salvoconducto para que la corrupción siga campando a sus anchas”, una valoración trasladada por el portavoz regional, Miguel Ángel García Martín, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Según ha explicado, la Comunidad considera que la norma podría consagrar “prácticas opacas, fraudulentas y corruptas”, en referencia al funcionamiento del Ejecutivo central y del PSOE.

Cuestionamiento del papel de las notarías

Uno de los principales puntos de crítica se centra en la modificación del sistema de acreditación de estructuras societarias. La Comunidad de Madrid denuncia que el anteproyecto sustituye la escritura pública ante notario por un documento privado electrónico, lo que, a su juicio, compromete la transparencia.

En este sentido, García Martín ha defendido que los notarios “dan seguridad jurídica a las operaciones” y permiten identificar a los responsables reales de las empresas, algo que considera clave para perseguir el blanqueo de capitales, la corrupción y el fraude.

Además, ha subrayado que esta función resulta esencial en el ámbito de las investigaciones policiales y judiciales.

Rechazo a la nueva agencia de integridad

El Ejecutivo autonómico también ha mostrado su oposición a la creación de una agencia independiente de integridad pública contemplada en el anteproyecto. Según la Comunidad, este organismo podría convertirse en un “apéndice del Gobierno” y acabar “colonizado por el correspondiente comisario político”.

A estas críticas se suma la preocupación por un posible incremento de las cargas burocráticas tanto para las empresas como para las administraciones públicas.

Posicionamiento político del Gobierno regional

Durante su intervención, García Martín ha enmarcado estas alegaciones en un contexto que ha calificado como de “corrupción generalizada”, afirmando que las decisiones del Gobierno central no son casuales.

Asimismo, ha señalado que, en su opinión, el modelo planteado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez implicaría una reducción de los controles institucionales, lo que, según el portavoz, podría tener consecuencias en la transparencia y la rendición de cuentas.

Con estas alegaciones, la Comunidad de Madrid formaliza su rechazo al anteproyecto de Ley de Integridad Pública y abre un nuevo frente en el debate político sobre las medidas para combatir la corrupción en España.